El revés judicial a la tasa de vados causa otro roto en las cuentas municipales

La reciente sentencia del Tribunal Supremo que anula la ordenanza del Ayuntamiento de Madrid sobra la tasa de vados provocará un agujero notable en las cuentas municipales, muy apretadas ya por la caída de ingresos, la elevadísima deuda financiera y los sucesivos planes de ajuste en el gasto. El Gobierno local (PP) dejará de ingresar este año 35 millones de euros con lo que ya contaba, y además deberá devolver 1,2 millones por el medio millar de recibos en litigio.

El Gobierno municipal, dirigido entonces por Alberto Ruiz-Gallardón (PP), modificó a finales de 2005 la norma fiscal para cobrar la tasa en función de la capacidad de los aparcamientos y no solo de los metros lineales que tuviera de entrada, como hasta entonces. Las grandes superficies, las más afectadas por el cambio, recurrieron la decisión. El Tribunal Superior de Justicia les dio la razón, y el Supremo confirmó la anulación del nuevo sistema este mes.

Al conocer la sentencia, el Ayuntamiento puso un ejemplo de cómo afectaría al cobro de la tasa. Un vado para un aparcamiento de 3.000 metros cuadrados de una gran superficie o un estacionamiento de rotación en una zona privilegiada de la capital abonará este año algo más de 500 euros, frente a los 2.728 euros que le correspondería con el sistema anulado.

Esta mañana, en la comisión municipal de Hacienda, el Gobierno municipal ha cifrado lo que le costará la sentencia, a preguntas de la concejal socialista Noelia Martínez. Este año dejará de ingresar 35 millones de los 49 millones previstos en los presupuestos municipales, según informa Efe. Además, el director de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento, Antonio Álvarez, ha aclarado después que la sentencia obligará a devolver 500 recibos (que fueron recurridos) de los 44.000 tramitados desde 2006, por una cantidad estimada de 1,2 millones de euros.

El Ayuntamiento ha avanzado además que solicitará al Gobierno central (PP) una modificación en la Ley de Haciendas Locales para poder adoptar de forma legal el sistema tumbado por la justicia a partir de 2013.