La serenidad del acusado

Al finalizar la primera sesión del juicio, José María Bravo se percató de que su esposa, Rosa Cobos, se secaba las lágrimas en el vestíbulo de la Audiencia de Gipuzkoa. Acudió a consolarle y mantuvo unas palabras con ella durante unos minutos. Fue la única conversación que tuvieron ambos a la vista de los presentes durante el tiempo que permanecieron en la sede judicial. Llegaron por separado: primero ella y unos segundos después el principal acusado en el caso del presunto fraude de la Hacienda de Irún. Al marcharse, también tomaron caminos distintos. La presencia de ambos provocó un gran movimiento de cámaras de televisión y fotógrafos, sin que Bravo perdiera la tranquilidad en ningún momento.

Frente al tribunal, Bravo, Cobos y el tercer acusado, Pedro Atristain, se limitaron a seguir los argumentos planteados por las defensas, la acusación y el Ministerio Público. Cuando el presidente del tribunal comunicó que la audiencia a la vista era pública, solo los medios escritos —radios y televisiones siguieron la sesión desde una pantalla colocada en una sala polivalente contigua— y un grupo de estudiantes en prácticas del último curso de Derecho ocuparon los asientos de la sala. Poco público para la gran expectación mediática que había generado este juicio. Entre los asistentes se encontraba el actual director de la Hacienda de Gipuzkoa, Xabier Olano, quien al acabar la sesión, que duró aproximadamente 90 minutos, conversó con el abogado que representa a las Juntas Generales y la Diputación de Gipuzkoa.

Ante la celebración de este juicio, el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, pidió ayer que “se llegue hasta las últimas consecuencias” en el esclarecimiento de los hechos que se juzgan y aseguró que su partido está “absolutamente tranquilo” porque, según opinó, “ha quedado demostrado que la actuación del PNV nada tiene que ver con esto”. Sin embargo una investigación abierta por el Parlamento guipuzcoano responsabilizó políticamente del supuesto fraude a cargos de la formación nacionalista, entre los que figuraba Víctor Bravo, hermano del acusado y director de la Hacienda foral cuando se produjeron los hechos que se enjuician ahora y que provocaron su dimisión como senador del PNV.

Por su parte, la portavoz del PSE-EE en las Juntas, Rafaela Romero, esperó que el juicio se celebre “con plenas garantías” y concluya “con una sentencia ejemplar”.