El juicio más esperado en Gipuzkoa

En contra de su última voluntad, al fallar el pacto de su defensa con los partidos políticos, el exdelegado de la Hacienda de Irún José María Bravo se sentará esta mañana en el banquillo de los acusados. Se enfrenta definitivamente a penas que suman 24 años y tres meses de prisión y multas que superan los dos millones de euros por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, estafa continuada, usurpación de funciones públicas, falsedad documental, cohecho e insolvencia punible. Tras la imposibilidad de un acuerdo para rebajar la pena y la multa, el proceso vuelve a su punto de partida inculpatorio.

Como estaba previsto, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, bajo la presidencia de Iñaki Subijana, será el encargado de impartir justicia en el caso que mayor conmoción política ha suscitado en esta provincia, el presunto fraude que ensució la imagen de la Hacienda foral y dañó una de las instituciones clave del sistema de autogobierno vasco, cuyo interés se ha visto acrecentado por la polémica en torno a la posibilidad del pacto planteado desde la defensa y a la que había contribuido la Fiscalía con su inicial asentimiento hasta que ha encontrado el rechazo de los partidos políticos representados en las Juntas Generales del territorio.

Lideraba una trama que no ingresaba en Hacienda el cobro a morosos

En esencia, Bravo figura en la causa como el principal imputado de una trama que se dedicaba a reclamar el pago de deudas a decenas contribuyentes morosos. Las cantidades que abonaban estas personas no eran ingresadas en la Hacienda foral, sino que, con la única pretensión de obtener un enriquecimiento personal ilícito, pasaban a engrosar las cuentas de los acusados.

Lideraba una trama que no ingresaba en Hacienda el cobro a morosos

El escrito de la Fiscalía de Gipuzkoa detalla con todo tipo de pormenores el modus operandi de una trama que se funcionó durante varios años y que tenía como cabecilla a José María Bravo, mientras estaba al frente de la oficina tributaria de Irún. “En fecha sin determinar, aproximadamente durante el año 1995, José María Bravo Durán, en su condición de funcionario de la Hacienda foral, a través de una persona sin identificar", citó al propietario de una imprenta “para que acudiera a la oficina de la Hacienda de Irún por la deuda que tenía su empresa con Hacienda”.

Una vez en la oficina de Hacienda, según se consigna en las conclusiones, “se reunió con el acusado José María Bravo, diciéndole este que pagando 3.005,06 euros saldaría la deuda, y ello pese a conocer el acusado que la deuda era mayor (25.573,56 euros) y que no era posible legalmente rebajar la deuda a un contribuyente”. Ya con fecha 10 de marzo de 1995, “entregó al acusado José María Bravo Durán, en la oficina tributaria de Irún 3.005,06 euros para el pago de la deuda. Dicho acusado, de la cantidad recibida, ingresó en las cuentas de la Hacienda Pública 1.202,02 euros, entregando un justificante de embargo por dicha cantidad. Con intención de enriquecerse ilícitamente, se quedó para sí 1803,04 euros no ingresando dicha cantidad en las cuentas de la Hacienda Foral”, añade. Posteriormente, en fecha 23 de diciembre de 2002 José María Bravo, en su condición de jefe de la oficina tributaria de Irún, “a sabiendas de que no había transcurrido el plazo de prescripción de las deudas, ordenó que el funcionario 110025 hiciera constar en la aplicación informática dos bajas por prescripción respecto a deudas de 1.830,19 euros y 783,44 euros de la misma empresa y en fecha 4 de diciembre de 2003 ordenó que el funcionario número 110025 hiciera constar en la aplicación informática una data por insolvencia respecto a una deuda de 2.332,62 euros y ello a pesar de que existían datos de solvencia de dicho contribuyente”.

Junto a su esposa, repartieron luego en 17 sociedadas las ilícitas apropiaciones

En el escrito de la Fiscalía se constata que “no se practicó actuación alguna de embargo sobre las cuentas bancarias, impidiendo el acusado de esa forma que la Hacienda Foral de Guipúzcoa pudiera cobrar dichas deudas”.

Esta práctica del principal acusado se repite, casi como un calco, a lo largo de 37 expedientes, según el informe del ministerio público. Fue una práctica fraudulenta que se dio desde inicios de los 90 hasta el año 2004. Ese año, después de pasar a la situación de excedencia voluntaria y dejar su puesto en la oficina de Irún, Bravo ocultó este hecho a un contribuyente, a quien citó en la Asesoría Urdanibia para recibir el pago de una deuda de 12.000 euros. Esta persona, “en la creencia de que estaba efectuando los pagos a un funcionario de Hacienda y que actuaba este en el cumplimiento de su función pública”, llegó a hacer otras dos entregas por 90.000 y 120.000 euros. Bravo se quedó todas estas cantidades “para sí” y “no las ingresó en la Hacienda”. Eso sí, días antes de dejar su cargo su excedencia, Bravo borró todos los rastros de la deuda haciendo constar en la aplicación informática la data por insolvencia de la empresa deudora.

Bravo deberá responder de la acusación de malversación de caudales públicos por dedicarse presuntamente durante varios años a cobrar deudas de contribuyentes y quedarse con parte o la totalidad de esas cantidades. Para no levantar sospechas en la Hacienda foral, el acusado daba de baja haciendo constar en el sistema informático que los deudores eran insolventes o que la deuda había prescrito. Con este proceder, el exjefe de la Hacienda de Irún entre los años 1989 y 2004 pudo apropiarse de un montante de 2,15 milones de euros, que la Diputación confía en recuperar para las arcas forales. La Fiscalía ha solicitado que para hacer frente a esta eventual indemnización se mantengan los embargos ya acordados sobre el hotel y spa Túnel del Hada, en el Jerte.

Durante la instrucción se ha podido averiguar que Bravo y su esposa, Rosa Cobos, lograron dar curso legal al dinero que se apropiaron ilícitamente interviniendo en la constitución y participación de 17 sociedades mercantiles, entre las que figuran el hotel spa que construyeron en el Jerte de Extremadura. Además, realizaron ingresos hasta en 46 cuentas corrientes que figuraban a su nombre. El Ministerio Público asegura en su escrito de calificación que las inversiones realizadas en el hotel Túnel del Hada, en Cáceres, y la adquisición de otros inmuebles, no se correspondían con los ingresos legales del matrimonio. Bravo cobró un sueldo de 22.544 euros de la Diputación y llegó a percibir 48.343 euros en 2006 de la compañía Ius Local SL.