Fabra avisa que soltará lastre

A pesar de sus sobresaltos y limitaciones, la llegada de la democracia propició que los ciudadanos tuviésemos mejor información tanto acerca de la corrupción heredada como de la que comenzó a fermentar en aquellos momentos políticamente alborales y que tan asombroso desarrollo alcanzó con la llegada de los socialistas al poder. Nos referimos a esos tiempos eufóricos en los que, al decir del ministro Carlos Solchaga, España era de los países del mundo donde más fácil y rápidamente podía uno enriquecerse. Tanto auge, como es sabido, acabó con los “cien años de honradez y firmeza” que fue otrora el santo y seña del PSOE gobernante en cuyo seno anidó una cohorte innumerable de malversadores y delincuentes de distinta ralea que desacreditaron tan prestigioso lema. La Junta andaluza, aunque resistente en la poltrona, ha acabado por darle también la puntilla.

El PP desplazó a los socialistas soflamados por tanto escándalo y se ofrendó como adalid de la ética y la transparencia. Sus mastines mediáticos se apresuraron a ventear los trapos sucios que se hallaron en la Administración y de ello se da cuenta en una amplia y documentada bibliografía. Sin embargo, los nuevos titulares del poder no tardaron en incurrir en los mismos o parecidos errores denunciados. De nuevo la corrupción hizo mella en su gestión y las tramas de beneficiados delataron la imagen de un estado más próximo a una república bananera que a la de un miembro relevante de la Unión Europea. Por lo visto, no tenemos remedio en tanto vivamos bajo la hegemonía de este bipartidismo que, por su común responsabilidad, nos ha abocado a la condición de país moralmente deleznable, además de arruinado y a un paso de acabar intervenido.

En este contexto, el País Valenciano difícilmente podía ser una excepción, una suerte de Ínsula Barataria gobernada por la decencia. Algo que, sin embargo, en buena medida aconteció cuando el líder socialista Joan Lerma presidió la Generalitat hasta 1995. Pudo deberse a la obligada austeridad o a la pobreza de espíritu de aquellos políticos noveles, pero lo cierto es que los episodios reprobables e imputables a aquella administración no pasan de ser una anécdota a la luz de lo que vino después con el PP al timón de la Comunidad. Una ladronera y un despilfarro descomunal que nos ha sumido en la miseria y acerca de la cual poco más y peor puede anotarse. En tales circunstancias no ha de chocarnos la declaración del molt honorable Alberto Fabra, presto a depurar de imputados la dirección el PP y, como se colige de esa actitud, dispuesto a ponerle coto a los desmanes que han podrido el partido y que ya se han llevado por delante a un presidente. Será cosa de ver si tiene agallas.

La pregunta que queda en el aire es si todo el cambio se limitará a esa poda de presuntos delincuentes o también abordará el diseño de una política que signifique la catarsis del partido y, en lo posible, la restitución de las constantes vitales del país que hoy andan por los suelos. Ceñirse al pago de facturas y a la lidia de proveedores desesperados no es política alguna. Para más altos objetivos necesitará otros mimbres distintos que los muy amortizados que ahora le acompañan en su gobierno. Otra cosa es que los encuentre de calidad suficiente para afrontar una legislatura constreñida no sólo por los agobios económicos sino también por el rearme de una oposición que por primera vez en años se siente alternativa.