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El Ayuntamiento de Orihuela resuelve el polémico contrato de recogida de basura

El equipo de Gobierno informará mañana lunes a la empresa concesionaria de la decisión

El Consistorio reclama a la UTE 2,3 millones “por el incumplimiento en la prestación del servicio”

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Orihuela informará mañana lunes a la empresa concesionaria del servicio de recogida de basura del municipio el fin de la relación contractual que mantenía desde 2009. La edil de Personal y Contratación, Asunción Mayoral, explicó ayer que el Consistorio reclama a la UTE empresarial el pago de 2,3 millones de euros “por el incumplimiento en la prestación del servicio”.

El expediente de resolución se inició el pasado mes de diciembre cuando el equipo de Gobierno local detectó múltiples incumplimientos de la adjudicataria. “Se iniciaron expedientes y se realizaron informes técnicos que avalaban que la UTE incurría en un incumplimiento grave tanto del pliego como de la oferta presentada en su día por la empresa”, agregó. La edil oriolana asegura que la decisión municipal está avalada tanto por los informes técnicos de los inspectores del servicio de recogida de basura como por informes jurídicos realizados por la Secretaría General Municipal y avalados por el consejo jurídico consultivo.

La necesidad de esta resolución surge tras la huelga indefinida convocada hace un par de meses por los trabajadores de dicha empresa y como consecuencia del impago de salarios por su servicio mensual.

Sin embargo, según comentó Mayoral, no debe existir preocupación alguna porque “hoy existen fórmulas legales que garantizan la prestación del servicio en este tiempo”.

En la actualidad existe un procedimiento judicial en el que se ha reconocido el derecho, por sentencia firme, a la mercantil Urbaser a ser adjudicataria del servicio de recogida de basura y limpieza viaria de Orihuela.

La contrata de la basura de Orihuela fue el detonante del caso Brugal. Un supuesto soborno para lograr esta contrata, más concretamente, en 2006. El denunciante de aquel presunto cohecho fue el industrial afín al PP, Ángel Fenoll. No obstante, un año más tarde, éste se convirtió en la primera víctima policial de una supuesta trama corrupta destapada por la policía, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante.

Tras este primer intento de 2006, que resultó fallido, la contrata se adjudicó en octubre de 2008 a una unión temporal de empresas liderada por Sufi, Liasur y Gobancanst.