Miño rescindirá otra vez el contrato con Fadesa para la macrourbanización

El embrollo de la aún inacabada macrourbanización Costa Miño Golf, una de las mayores promociones inmobiliarias en Galicia a pie del mar e iniciada en pleno bum del ladrillo, es de órdago. Y no cesa de crecer tras diez años de entuertos, impagos y sentencias en firme que empantanan este descomunal proyecto de Martinsa-Fadesa con el Ayuntamiento de Miño, gobernado por el PP. El último episodio emborrona aún más el panorama: el gobierno local decidió iniciar los trámites para rescindir, reclamando además daños y perjuicios, el nuevo contrato que había firmado con la promotora hace tan sólo cuatro meses para readjudicarle el enorme complejo de 1.217 viviendas y parcelas con campo de golf incluido.

Martinsa-Fadesa, en una dura misiva escrita en la que acusa al gobierno municipal de haberle “reiteradamente defraudado”, amenaza con nuevas acciones judiciales. Pero ayer el pleno municipal, con el voto del grupo de gobierno y la abstención de los socialistas, acordó iniciar los trámites para finiquitar ese contrato por considerar “insuficiente” el aval que la empresa tiene obligación de depositar para garantizar el pago a los 400 dueños de las parcelas expropiadas por la fuerza hace una década por el Ayuntamiento para esta macrourbanización.

El gobierno local ve “insuficiente” el aval para garantizar el pago a los vecinos

En solitario, sin nunca conseguir ni siquiera reunirse con el alcalde, Juan Maceiras, los vecinos expropiados emprendieron una larguísima batalla judicial y lograron en sentencia firme, pese a los constantes recursos del Ayuntamiento y la inmobiliaria, que se eleve considerablemente el precio abonado por sus solares. Aún no vieron un céntimo de esa cuantía millonaria. El pasado 30 de marzo, ganaron otra gran batalla: el Tribunal Superior de Xustiza desestimó un recurso del Ayuntamiento y exigió que Martinsa-Fadesa constituya un aval de 31,86 millones de euros para garantizar el pago.

El equipo de Maceiras, que rebaja la deuda con los afectados a 21 millones —“está pendiente una alegación judicial”, dice el alcalde— entonces cambió diametralmente de táctica. Renunció a presentar un recurso de casación y decidió optar por finiquitar el contrato que tres meses antes tanto le había costado conseguir firmar, por la inicial resistencia de la promotora, para readjudicarle el proyecto. Aún está pendiente de que los jueces acepten ese contrato, rechazado por los expropiados, para dar por cumplida otra sentencia en firme que anuló el proceso de expropiación así como el pliego de condiciones de la primera adjudicación, en 2002, de la macrourbanización.

La oposición teme que se desencadene otro largo proceso judicial

Pero sea o no dado por bueno, ahora Maceiras quiere rescindirlo. “No le gusta a nadie, pero no es un decisión voluntaria de este gobierno, sino que cumplimos dictámenes de la Secretaría del Ayuntamiento y de la Asesoría Jurídica de la Diputación”, se defiende el alcalde. Destaca que aceptó la propuesta inicial de Martinsa de sustituir un aval bancario por activos inmobiliarios. “Pero la cantidad no cubre” la deuda con los expropiados, insiste el regidor. No acepta bienes de Fadesa con una tasación a precios actuales del mercado “porque dentro de dos años pueden valer mucho menos”. A Maceiras, ahora parece urgirle que cobren los expropiados y lamenta que “Martinsa-Fadesa tenga hasta ocho años para pagarles” según la resolución para salir del concurso de acreedores. Para el alcalde, las amenazas de la empresa son sólo “una pataleta”. “Nos da igual, no cumple un compromiso del contrato”, afirma Maceiras. Hasta ahora nunca había sido tan firme en esa exigencia. La rescisión del contrato depende ahora de un dictamen del Consello Consultivo de Galicia, al que Miño le pedirá que determine si los bienes que ofrece la promotora garantizan o no el pago de la deuda millonaria con los afectados. Los socialistas se abstuvieron por considerar “mala cualquier solución”. “Nos lleva a un callejón sin salida, tememos otro largo proceso judicial que deje la responsabilidad en el Ayuntamiento y provocar su quiebra”, protesta Manuel Vázquez Faraldo.