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Una fianza imposible

El ex director general de Trabajo Javier Guerrero alega desde prisión que no puede afrontar el pago de 686 millones por responsabilidad civil

El ex director general de Trabajo Javier Guerrero, en los juzgados sevillanos Ampliar foto
El ex director general de Trabajo Javier Guerrero, en los juzgados sevillanos

"No tengo para hacer frente a la fianza impuesta. Tengo un piso en El Pedroso de mi propiedad con una hipoteca, y separación de bienes. Le he dicho a mi abogado que presente en el juzgado la relación de mi patrimonio”. El ex director general de Trabajo y principal imputado del caso de los ERE fraudulentos Javier Guerrero aclaró en un escrito que no puede afrontar la fianza de 686 millones que le impuso la juez Alaya como responsabilidad civil. La magistrada le requirió a Guerrero, en prisión preventiva, que detallara los bienes que posee sobre los que decretar el embargo, dado que no puede pagar la astronómica suma de dinero. A continuación, el imputado afirmó que solo posee un piso en su localidad natal, donde fue alcalde cuatro años antes de su nombramiento como director general de Trabajo.

La juez remitió a Guerrero el pasado 16 de marzo un escrito a la cárcel Sevilla-I para que abonara la fianza, pero este contestó que no puede afrontar su pago. En su respuesta, el ex director general aclaró que mantiene régimen de separación de bienes respecto a su esposa. La imposición de 686 millones de fianza fue decretada por Alaya después de la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado 933 millones ante las “ingentes cantidades” que había “dilapidado” procedentes del erario público.

Alaya desglosó los 686 millones que exigía a Guerrero: las ayudas sociolaborales que otorgó por 456 millones, las ayudas directas a empresas por 59 millones, las primas a los intrusos (personas prejubiladas y ajenas a las empresas beneficiadas) por tres millones y finalmente los “pagos cruzados” al margen de la contabilidad de la agencia Idea por cuatro millones.

En su auto de prisión, Alaya acusó a los antiguos superiores de Guerrero de permitir que este firmara acuerdos ilegales durante 10 años. Entre ellos están imputados el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que declarará el próximo miércoles en el juzgado, el exviceconsejero Agustín Barberá y los ex directores generales Juan Márquez y Daniel Rivera. El diputado socialista y exconsejero de Empleo José Antonio Viera, que es aforado, permanece ajeno a la causa.