Mas exige limitar la recentralización a las comunidades “artificiales”

Agobiado por la precariedad de sus finanzas y por su dependencia del Partido Popular, el Gobierno catalán ha optado por ponerse de perfil ante la oleada recentralizadora que amenaza las competencias de la Generalitat. El presidente catalán, Artur Mas, evitó ayer defender el Estado autonómico en su conjunto y se limitó a pedir al Gobierno que las comunidades históricas —citó a Cataluña y al País Vasco— queden al margen de cualquier proceso de recuperación de competencias por parte del Estado. En su opinión, este proceso solo debe afectar a las comunidades que calificó de “artificiales” y que evitó nombrar.

El Gobierno catalán otorga escasa relevancia a la demanda de Esperanza Aguirre para que la Administración central recupere, entre otras, las competencias de educación y sanidad, pero sí observa una inercia recentralizadora en todas las políticas del Gobierno. Sin embargo, en un intento de no enfrentarse directamente con el PP, repite una y otra vez que no observan grandes diferencias entre la actitud del actual Gobierno y la que tuvo el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. “Lo mismo que hacía el PSOE, lo hace ahora el PP”, resumió ayer el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs.

Lo que ahora teme la Generalitat es que los recortes que ha aplicado hasta la fecha —dos rebajas de sueldo a los funcionarios, cierre de quirófanos y las medidas de copago sanitario— se redoblen con los nuevos ajustes anunciados por el Gobierno central. O sea, que los catalanes acaben sufriendo la crisis más que los habitantes de otras comunidades. Por esta razón, Mas y sus consejeros se afanaron ayer en ofrecer alternativas a los recortes planteados hasta ahora por el Gobierno.

La Generalitat pide que el Estado haga suyos los recortes aplicados hasta ahora por la Generalitat y los extienda, aumentados, al resto de España. Por ejemplo, el Gobierno catalán propuso ayer que se descarte por completo el copago en la asistencia sanitaria, pero se opte en cambio por extender a todo el país el pago de un euro por receta que los catalanes deberán abonar a partir de junio. Pero no acaba aquí. La Generalitat quiere que el Gobierno apruebe que los hospitales públicos de toda España cobren a los pacientes 10 euros al día como manutención. “Si la gente cuando está enferma en casa se paga la comida, por qué no puede hacer lo mismo en el hospital”, se preguntó ayer en voz alta Francesc Homs.

Pero el Gobierno catalán aportó otras ideas de dónde aplicar la tijera. El consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, lamentó por la tarde que el Gobierno haya decidido recortar en el gasto autonómico “tocar” a los funcionarios, las pensiones y el IVA en sus primeros Presupuestos Generales. Mas-Colell puso el acento en el hecho de que el Gobierno ha decidido aumentar las pensiones y mantener el IVA “en contra de las recomendaciones europeas”.

Con todo, el mensaje de fondo del Gobierno catalán, y por extensión de Convergència i Unió, es que Rajoy tendrá su apoyo en los recortes sanitarios si estos no se centran en la atención médica, sino en los servicios complementarios. “Si se modifican normativas para ahorrar entre todos, esto irá en la línea de lo que venimos reivindicando desde hace mucho tiempo”, dijo Francesc Homs. “Hay una crisis muy grande y muy grave, y hay que tomar medidas”, justificó. Si el Gobierno se decide finalmente a aplicar medidas de copago en la sanidad y a recortar salarios de la función pública, en el futuro Artur Mas podría hacer frente a la creciente oleada de descontento que sufre su Gobierno por estar aplicando medidas mucho más duras que en el resto de España al tiempo que aumenta tasas e impuestos.

Pero el camino será largo. La negociación para los presupuestos ni siquiera ha comenzado y CiU necesita varias semanas para justificar ante su electorado cualquier posición que no sea un “no” a unas cuentas que incumplen todos los compromisos de inversión en Cataluña y que estrangulan las cuentas de la Generalitat. Todo dependerá de que el Gobierno pueda comprometerse a abonar parte de sus deudas y de la necesidad de apoyos que tenga CiU en Cataluña.