Alaya rechaza dejar en libertad a Guerrero por riesgo de fuga
La juez del caso de los ERE considera que “la alta probabilidad” de que el ex director general sea condenado a penas “extraordinariamente elevadas" supone un acicate para la huida
El principal acusado por el caso de los ERE fraudulentos, Francisco Javier Guerrero, ha errado en su primera maniobra legal para que se levantara su encarcelamiento preventivo, en el que permanece desde que así lo ordenara la juez Mercedes Alaya en las primeras horas de la madrugada del 10 de enero. En un auto fechado el 28 de marzo pasado, la magistrada rechaza íntegramente el recurso presentado por el ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía con una batería de contundentes argumentos.
La juez destaca la “consistencia” de los indicios sobre los delitos de los que acusa a Guerrero tras las declaraciones de este y del que fuera su chófer, también imputado y encarcelado por Alaya, Juan Francisco Trujillo Blanco. “Efectuando un mero cálculo de probabilidades”, sostiene Alaya en el auto, “lo previsible es que en el futuro resulten nuevos hechos delictivos cometidos por el señor Guerrero”. Este auto no supone ninguna excepción en lo que respecta al tono de la redacción de Alaya en los textos de este caso, aún en fase de instrucción. “Queda recabar y examinar numerosa documentación de donde se pueda extraer la mayor parte de la prolongada actividad delictiva cometida en el seno de esta Administración autonómica”, concluye este argumento.
En un segundo apartado, Alaya argumenta el, en su opinión, riesgo de que Guerrero se fugue si abandonara su encierro. Alaya ve “una alta probabilidad” de que sea condenado a penas “extraordinariamente elevadas”. Tras rechazar el arraigo familiar esgrimido por la defensa, la magistrada incide en el “desarraigo social” la instrucción ha producido en Guerrero “su familia y su entorno” como acicate para una posible fuga del ex alto cargo de la Junta.
Por último, la magistrada sostiene que con Guerrero en la calle existiría la posibilidad de que este entorpeciera la instrucción con su acceso a pruebas o influyera sobre imputados o testigos. “No compartimos con la defensa que las futuras imputaciones serían sobre pesonas de perfil más bajo”, añade la magistrada.
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