La Xunta se reserva la posibilidad de ampliar el Área Metropolitana de Vigo

Pese a la advertencia del Estado y a las enmiendas que ha presentado la oposición intentando corregir lo que debería de ser un aspecto secundario de la Ley de Área Metropolitana de Vigo, el PP insiste en mantener un artículo que contraviene una norma superior y que por lo tanto haría ilegal la aprobación de esa ampliación territorial. Así, sin corregir, se debatirá en el Parlamento mañana, martes, la ley autonómica para su aprobación. No se esperan sorpresas, dada la mayoría absoluta de los populares, que la apoyarán presumiblemente en solitario.

 Tanto la Xunta como el PP se han negado a corregir su intención de que las futuras ampliaciones del área se decidan por un simple decreto del Gobierno gallego y no a través de una modificación de la ley. Porque es la ley que ahora se aprueba en el Parlamento la que fija su composición inicial en 14 municipios, pero la Xunta se quiere reservar para sí la posibilidad de incrementarlos en el futuro sin contar con el visto bueno de la Cámara autonómica.

Esa modificación por decreto atenta, según el Estado, contra una norma superior, la estatal Ley de Bases del Régimen Local. Así se lo comunicó hace más de un año a la Xunta el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, que le recordó que la norma estatal establece que las comunidades “podrán crear, modificar y suprimir, mediante ley, áreas metropolitanas” pero le advierte de que la Xunta no puede ampliar por decreto, sino mediante una norma con rango de ley, este ámbito territorial.

La Xunta busca poder aumentar los ayuntamientos sin aprobación plenaria

Pese a ello, ni la Xunta primero en su anteproyecto ni luego el PP durante la tramitación parlamentaria han cambiado esa disposición. El Gobierno gallego se limitaba a argumentar hace un año que sus juristas interpretan la ley estatal de forma distinta al ministerio y que por eso no lo corrigieron. <TB>La futura e hipotética ampliación del área podría parecer una cuestión secundaria a la vista de lo enfrentadas que están las posturas políticas ante el mero nacimiento del nuevo ente.

Pero tras ese aspecto hay una muestra más del intento de control político de la institución por parte de PP y PSOE, que es en lo que enfocan el debate, al menos de puertas afuera, ambos partidos. El BNG, consciente de su minoría, se centra en limitar las competencias de la Diputación y reclamar mayor financiación, los otros dos grandes elementos en los que no hay acuerdo.

Tras varios tiras y aflojas, finalmente el está listo para su aprobación, a salvo de posibles cambios de última hora en el propio pleno, contempla que el área pueda estar presidida por cualquier alcalde de los 14 municipios miembros.

Eso recorta la intención anterior del PP de que la pudiese encabezar cualquier concejal, pero queda lejos del deseo del PSOE de que el presidente sea por definición el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero en este momento.

Los debates por el poder se han producido en los últimos años en los diversos textos que se han planteado —ya sucedió con el intento frustrado de aprobación en 2005— y afectan a todos los órganos de gobierno del ente. La disposición sobre la ampliación del área que el Estado considera ilegal no escapa a esas consideraciones.

Con su redacción actual, la Xunta tiene en su mano la posibilidad de incorporar unilateralmente un municipio que por su composición política alterase el reparto de poder. Actualmente el PP dispone de una amplia mayoría en todos ellos, pero esa situación podría cambiar tras futuras elecciones municipales.