El PNV se enfrenta a la comisión para proteger a una consejera de Ibarretxe
Egibar traslada por escrito a Quiroga la profunda irritación de su grupo
Desde el minuto cero, al PNV no le ha gustado nada la investigación parlamentaria del caso De Miguel, la supuesta trama de corrupción por la que están imputados ex altos cargos públicos y exmilitantes de ese partido. Pero el hecho de que el dictamen que los grupos aprobaron anteayer, con su voto en contra, apunte responsabilidades políticas de una consejera del tripartito de Ibarretxe, la anterior titular de Industria, Ana Aguirre, ha rebasado los límites de su enfado. Tanto que el PNV lanzó ayer su mayor ataque a la comisión desde que se puso en marcha en noviembre de 2010.
El PNV compara el dictamen con un “juicio sumarísimo” del franquismo
Ayer, un día después de la aprobación del dictamen y coincidiendo con que los medios se hacían eco de este hecho, el portavoz, Joseba Egibar, trasladó su malestar por escrito a la presidenta del Parlamento, Arantza Quiroga, al tiempo que el PNV difundía un contundente comunicado. En él defendía la gestión de la exconsejera, pero sobre todo cargaba contra el PSE y el PP por incluir el nombre de Aguirre dentro del listado de personas que, según la Cámara, y a falta de que el pleno apruebe el documento, tuvieron responsabilidades políticas en la supuesta trama.
El PNV censuró el “intento inquisitorial” de PP y PSE de “imputar arbitrariamente” una responsabilidad a Aguirre en el caso. Su inclusión en el dictamen final —en el borrador presentado por el presidente de la comisión, Juanjo Agirrezabala, de EA, la exconsejera no era mencionada y no está imputada en las causas abiertas en los juzgados— se asemeja, a ojos de los peneuvistas a los “juicios sumarísimos de épocas afortunadamente pasadas”. El partido criticó que se pretenda culpar a Aguirre de “responsabilidades que, de haberlas, ni son suyas ni se han investigado”. Lo cierto es que la comisión jamás ha citado a la exconsejera.
Aguirre y los contratos de Miñano
Ana Aguirre, consejera de Industria con Juan José Ibarretxe y ahora funcionaria en los servicios jurídicos del Gobierno, recibió documentación relacionada con el recurso de una empresa, Lugarfive, en contra de la adjudicación de la segunda fase de la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano a una de las empresas de la supuesta trama, Stoa. Esta es la razón de la enmienda pactada entre PP y PSE, que el portavoz peneuvista, Joseba Egibar, reveló ayer que señala que corresponden a la exconsejera “las responsabilidades políticas derivadas de la falta de seguimiento y control de las prácticas contrarias al buen gobierno”.
Stoa presentó para lograr el contrato de Miñano una oferta por escrito de 340.000 euros, pero en el presupuesto indicó que serían 490.000, una cantidad que la empresa que perdió el concurso, Lugarfive, mejoraba. El parque tecnológico tomó en cuenta la oferta escrita y no la planteada en números —el administrador de Stoa atribuyó la diferencia a un error frente a la comisión de investigación—, y concedió el contrato a esta compañía. Por ello, Lugarfive recurrió el concurso y los escritos llegaron a la entonces consejera de Industria. La comisión entiende que por esta razón estaba al tanto de los movimientos y por ello le atribuye la responsabilidad política de esta parte del caso. El PNV defiende su “honorable” gestión, “transparente y sin tacha”.
Stoa es una empresa cercana a Alfredo de Miguel, principal imputado del caso, y recibió varios contratos en Miñano cuando este era dirigido por Alfonso Arriola, otro de los imputados, y cuando Julián Sánchez Alegría presidía la red de parques.
El PNV, que siempre ha criticado con dureza la filtración de información relativa a las comisiones de investigación, fue el primero que confirmó públicamente que el dictamen cita a Aguirre y el sentido de las votaciones. El texto tiene oficialmente carácter reservado hasta su aprobación por el pleno de la Cámara, algo que no ocurrirá hasta mayo. Los peneuvistas detallan que “en el último minuto” PSE y PP pactaron una enmienda “al límite del plazo” para responsabilizar a la exconsejera, cuya “gestión transparente y sin tacha” defendieron. El Reglamento de la Cámara se cambió para que dejase de estar prohibido informar sobre el contenido y las deliberaciones de una comisión de investigación, pero ese cambio no afecta a la del caso De Miguel, ya que entró en vigor tras su creación.
De hecho, Egibar desvela la literalidad de la enmienda, que señala que “corresponden a la exconsejera de Industria las responsabilidades políticas derivadas de la falta de seguimiento y control de las prácticas contrarias al buen gobierno”. A ello añade que Aralar y PNV votaron en contra, EA se abstuvo y PSE y PP apoyaron un texto “puramente especulativo”.
El PNV instó a Agirrezabala para que, “a tenor de la arbitrariedad que se pretende cometer y de la indefensión” de Aguirre, “impida tamaña tropelía”.
Poco después, el propio Agirrezabala respondía en otra nota recordando que no tiene capacidad para vetar enmiendas de los grupos y animó a sus críticos a que, si lo desean, impulsen un cambio del Reglamento. Agirrezabala tachó de “inadmisible” que se haga copartícipe a su partido e una enmienda que “ni ha firmado ni ha respaldado”, destacó que el dictamen es fruto de horas de trabajo y recalcó que los grupos no han “conspirado” contra el PNV.
