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MEDIO AMBIENTE

Andalucía presiona al Gobierno para que expropie el Algarrobico

Díaz Trillo pide a Cañete que constituya la comisión prevista para demoler el hotel.

La Junta estima que el coste de la demolición rondaría los 8,5 millones

Las obras de Algarrobico paralizadas en el Parque Natural del Cabo de Gata. Ampliar foto
Las obras de Algarrobico paralizadas en el Parque Natural del Cabo de Gata.

Sin unas elecciones a la vista y con una reciente sentencia del Tribunal Supremo que deja fuera de la legalidad una parte importante del hotel levantado en el paraje de El Algarrobico por invadir la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre, se abre un nuevo tiempo para esta mole de hormigón, símbolo de la destrucción del litoral. La Consejería de Medio Ambiente cree que es el momento de pensar seriamente en demoler el hotel levantado en la playa de Carboneras (Almería). "La sentencia del Supremo hace inviable el hotel", sostiene el consejero en funciones de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, quien recuerda que casi la mitad del edificio es ilegal tras este último fallo judicial. Pero, ¿quién pagará la factura de esta fiesta del ladrillo?

La Consejería de Medio Ambiente ha remitido este lunes una carta al ministro Miguel Arias Cañete en la que, entre otros asuntos, pide que una reunión para debatir “la posibilidad de reiniciar el expediente expropiatorio” que la dirección general de Costas del Gobierno central abrió en diciembre de 2005. El ministerio, ante los numerosos pleitos judiciales abiertos, desistió de seguir con el procedimiento de expropiación forzosa en 2009. Pero este departamento dejó la puerta abierta a que se retomase el expediente "dependiendo de futuros pronunciamientos judiciales". La consejería cree que el último fallo del Supremo despeja de nuevo esta vía.

El futuro de este hotel se ha estrechado mucho en los últimos años por la presión de los grupos ecologistas y, sobre todo, por los numerosos fallos judiciales —más de una quincena de sentencias contra el edificio tiene contabilizadas Greenpeace—. La Junta, que en un principio se mostró partidaria del proyecto, ha asumido la inviabilidad del hotel. La última sentencia del Supremo deja aún más claro el futuro de este complejo, que empezó a levantarse en 2003 y que fue paralizado por orden judicial en 2006, cuando las obras estaban casi concluidas, al 94,41%.

Ante esta situación, la Junta y la anterior ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, firmaron el 15 de noviembre de 2011 un protocolo para la recuperación de la playa de El Algarrobico. En ese documento se fijaba que, cuando hubiera suficiente seguridad jurídica —sin especificar fallos concretos— se procedería a la demolición del hotel. El Gobierno se haría cargo del derribo y la Junta del desescombro y la restauración de la zona. La Consejería de Medio Ambiente sostiene que solo el coste de la operación de demolición y retirada del material puede ascender a unos 8,5 millones de euros, aunque este departamento añade que es un cálculo aproximado.

Aquel convenio lo firmó el anterior Gobierno socialista cuando ya estaba prácticamente haciendo las maletas para marcharse a la oposición. El problema que surge ahora es que el actual Ejecutivo no parece muy dispuesto a asumir ese protocolo, que se publicó en el BOE el 6 de diciembre pasado. Arias Cañete, interrogado hace unos días sobre la posibilidad de que el Gobierno asumiera la demolición, sostuvo que "la Administración competente es la Junta". Por su parte, en su ministerio señalan que el convenio entre las dos Administraciones es una "mera declaración de intenciones" y "contiene mucho humo". El departamento de prensa de este ministerio recuerda que se firmó "sin dotación presupuestaria ni cuantificación económica de las obligaciones".

En la cláusula tercera del protocolo de actuación firmado en noviembre se preveía la creación de una comisión mixta de seguimiento del acuerdo. Tras la última sentencia del Supremo, la consejería andaluza sostiene en la misiva enviada a Cañete que es de "enorme importancia" proceder a constituir esa comisión para "determinar el plan de actuación conjunto a acometer, a la vista de este y cuantos pronunciamientos judiciales se sucedan2.

El departamento de Díaz Trillo también sugiere en la carta que se invite a asistir a las reuniones de esta futura comisión a los representantes del Ayuntamiento de Carboneras y a las asociaciones conservacionistas.

La implicación del Consistorio en este asunto es vital. El Gobierno —que desde un principio mostró su rechazo al proyecto— y la Junta —que ha asumido ese rechazo con el paso del tiempo— no apoyan el hotel. Sin embargo, el Ayuntamiento de Carboneras, gobernado por el Grupo Independiente por Carboneras (Gicar) mantiene una actitud ambigua y se escuda en el empleo que se podría generar en la zona si se abriera este establecimiento, algo que parece casi imposible con los últimos pronunciamientos judiciales.

Sin embargo, en las manos de este Consistorio almeriense está la posibilidad de anular el último soporte legal que mantiene en pie el hotel: la licencia de obras que le concedió el Ayuntamiento. Esta licencia fue anulada, de facto, en primera instancia en septiembre de 2008. En este momento, se está a la espera del pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre este asunto, algo que, según los ecologistas y la Administración andaluza podría producirse en breve.

La Consejería de Medio Ambiente considera que el Ayuntamiento puede proceder ya a revocar esa licencia. El pasado 23 de marzo se publicó en el Boja una resolución de la consejería que deja, si cabe, más fuera de la legalidad al hotel. En esa resolución se determina que el paraje de El Algarrobico está catalogado como "espacio protegido no urbanizable", tal y como estaba contemplado en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 1994 del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. La Junta había cambiado en 2008 ese plan de ordenación y abrió una puerta al indulto para el hotel.

El TSJA primero y el Supremo después anularon parte de este plan de ordenación. La publicación en el Boja se produjo después de que así lo ordenara el TSJA el pasado 6 de marzo a través de una providencia.