Los delitos de menores caen un 5,6%

Hace un mes, el consejero de Interior, Rodolfo Ares, presentaba el balance de la Ertzaintza sobre delincuencia correspondiente al año pasado, que concluía que los delitos y las faltas habían descendido cerca de un 3%. Ese descenso es mayor en el caso de la delincuencia juvenil. Las Fiscalías de Menores del País Vasco investigaron el año pasado un total de 2.714 denuncias en las que estaban implicados menores —más de siete cada día—, según los datos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. De ellas, 1.584 fueron por delitos, lo que supone un descenso de un 5,6% con respecto a 2010, y las 1.130 restantes, a faltas, un 18,82% más. Este crecimiento de las faltas motiva el aumento del número global de denuncias, que el año pasado sumaron 2.629.

Baja el número de delitos cometidos por menores en el País Vasco y desciende igualmente la cifra de diligencias preliminares en los procesos contra menores de edad, esto es, el conjunto de actuaciones judiciales preparativas de un juicio. Si en 2010 se abrieron un total de 2.376 diligencias, el año pasado esa cifra cayó hasta las 2.301. Bizkaia es el territorio que mayor número concentró con un total de 1.165, seguida por Gipuzkoa (767) y Álava (369).

Una fiscal subraya la importancia de dejar claro que no existe impunidad

La mayoría de los episodios protagonizados por menores son de naturaleza leve. De todas las causas que se abrieron contra ellos el año pasado en Euskadi, los hurtos supusieron el 17% y los robos otro 23%. Estos últimos son los más hechos comunes en sus distintas modalidades. Así, casi la mitad de los que se registraron se circunscribieron a robos con fuerza o con violencia, intimidación, hurtos y daños. Fuentes policiales confirman su preocupación por la presencia de bandas de jóvenes de procedencia latinoamericana que estarían implicados en la mayoría de estos sucesos.

Otro 17% de los delitos juzgados son por casos de lesiones, principalmente registradas los fines de semana y a la salida de discotecas, y un 12% más a casos de violencia machista. En último lugar quedarían los delitos contra la seguridad vial. En 2011, solo se abrieron 16 causas contra otros tantos menores por conducir bebidos o drogados, siete por conducción temeraria y 48 más por hacerlo sin permiso.

Por edades, la gran mayoría de los menores (un 86%) que cometieron el año pasado un delito tenían 16 o 17 años, y el 14% restante, 14 o 15 años.

La ley diferencia esa frontera de edad. Para la fiscal delegada de Menores de Álava, Carmen Cotelo, la estadística constata que “existe una pequeña disminución de este tipo de delincuencia, si bien se mantiene dentro de unos parámetros normales a la vista de la población de cada una de las provincias de la comunidad autónoma”.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) concluyen que la tasa vasca de menores condenados se sitúa en 4,90 por cada mil habitantes, inferior a la de la media española (5,42) y muy lejos de la de Canarias (7,51), la más alta de las comunidades autónomas.

En total, los juzgados de Menores dictaron el año pasado 893 condenas (más de dos cada día), lo que supone un 13,88% menos que las registradas en 2010. Al resto de los implicados se les aplicaron otras medidas recogidas en la ley del Menor.

Cotelo subraya la necesidad de dejar claro que no existe impunidad ante los delitos cometidos por estos jóvenes, sino que “las medidas que se imponen al menor infractor deben responder a criterios educativos o superadores de los límites o riesgos que ese menor ha presentado, de tal manera que el joven no solo vea o sienta un castigo en la medida impuesta, sino que esta tenga una finalidad de aprendizaje para él mismo”. Se busca así la reeducación.

“Detrás del delito que ha cometido un joven de estas características no podemos olvidar que existe una víctima que lo ha sufrido, pero al mismo tiempo deberíamos entender que el menor necesita una respuesta adecuada fruto del acuerdo entre las dos partes”, subraya el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Deusto Xabier Etxebarria.

La medida más grave es el ingreso en un reformatorio de régimen cerrado. En 2011, solo se registraron 10 casos de este tipo en Euskadi frente a los nueve de los dos años precedentes. Para los delitos más leves, el condenado bien puede realizar prestaciones sociales a favor de la comunidad para reparar su acción o bien en ocasiones resulta suficiente con que pida perdón a su víctima, el acto de conciliación. De esta forma, se repara el daño moral y material, si lo hubiese.

Respecto al primero de los supuestos, el año pasado se registraron un total de 251 trabajos sociales a favor de la comunidad (un 25% de aumento en un año). En el caso de las conciliaciones, en 2011 sumaron 272, con un crecimiento espectacular con respecto al ejercicio anterior, cuando solo se registraron 49.

Cotelo sostiene que “debe buscarse que este tipo de medidas en beneficio de la sociedad estén directamente relacionadas con la conducta que se intenta corregir para que sean efectivas”. En opinión del profesor Etxebarria, resulta “otra vía de concienciación hacia el menor por el daño que ha cometido y es donde verdaderamente se ve si hay voluntad de no reincidir tras un trabajo de análisis del equipo técnico que ha estado con él”.