Novagalicia se encamina a la subasta

Casi a la misma hora en que el consejo de Novagalicia Banco (NGB) conocía, el pasado viernes, que la entidad ha entrado ya en pérdidas de 168,7 millones de euros, su oficina principal en Santiago estuvo a punto de ser asaltada, no por un grupo de anarquistas sino por venerables sexagenarios incapaces de contener la furia. Otra imagen demoledora para la entidad que nació en medio de una guerra localista, que sufrió el escarnio social por las prejubilaciones millonarias de los directivos que habían jugado con ella a la ruleta del ladrillo y que ahora tiene el problema añadido de los miles de clientes que confiaron en un producto opaco -las participaciones preferentes- y se han visto atrapados en un "corralito".

Fue un viernes negro, de muchos nervios en la entidad, que estuvo demorando todo lo que pudo el anuncio de su entrada en números rojos. Se pensó en aplazarlo a la próxima semana, pero finalmente, casi a la una de la madrugada, con las redacciones de los medios de comunicación ya desiertas, se envió la nota a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las cuentas no solo arrojaban esa cifra de pérdidas, que NGB atribuye a que tuvo que dedicar el pasado año más de 2.000 millones de euros para sanear los destrozos del crédito inmobiliario. También reconocen una caída de depósitos en 2011 de otros 2.000 millones. Y un agravio más para los abuelos convertidos en activistas callejeros: al declararse en pérdidas, NGB ni siquiera pagará los intereses de esas preferentes que los afectados tratan de recuperar sin éxito. No es el asunto que más preocupa a los ahorradores que tragaron el anzuelo del producto milagro. Ya han dicho muchas veces que renunciarían a los intereses si se les devuelve el dinero. Las noticias de la medianoche del sábado suponen un nuevo revés incluso para quienes han aceptado firmar créditos con la entidad por el mismo importe que las cantidades ingresadas. Esa solución improvisada pretendía que los intereses de esos nuevos créditos se compensasen con los que recibían los clientes por sus depósitos, de forma que quedase lo comido por lo servido. Pero la entrada en números rojos de la entidad financiera imposibilita el pago de los intereses y frustra también ese atajo.

Los resultados de Novagalicia no hacen más que engordar un asunto que amenaza con convertirse en un problema de orden público —los afectados acabaron el viernes asaltando la redacción de informativos de TVG, unos hechos que ayer denunció el Colexio de Xornalistas— y que el equipo de José María Castellano ha situado en el centro de sus prioridades, consciente del enorme daño de imagen. El ejecutivo coruñés huye lo que puede de los focos, pero, en esta situación, no ha tenido más remedio que anunciar una comparecencia pública para dar cuenta mañana de los pésimos resultados.

En la nota que NGB envió a la CNMV, ya con la medianoche rebasada, tras horas atrincherándose en un hermetismo total, el banco explica el plan con el que Castellano pretende salvar al menos algunos restos del naufragio. La primera opción, obvia pero que la entidad se había resistido hasta ahora a reconocer de forma oficial, sería la subasta en su totalidad. La segunda, con la que se trataría de preservar cierta independencia, pasa también por una subasta más restringida, que abarcaría solo de una parte del capital, mientras el Estado, a través del FROB, seguiría manteniendo la mayoría. Se sacaría al mercado al menos un 20% del capital y ahí se supone que entrarían en escena los fondos de inversión anglosajones con los que Castellano asegura que tiene principios de acuerdo. Que la operación salga depende de una decisión que todo el mundo admite más política que económica. La entrada del capital reclutado por Castellano estaría supeditada a que el Banco de España le concediese el llamado Esquema de Protección de Activos, una especie de seguro que blindaría a los inversores ante pérdidas no previstas.

En manos del Gobierno

En arrancar un compromiso del Gobierno se han afanado no solo la entidad sino la propia Xunta con su presidente a la cabeza. Feijóo se lo trasladó personalmente a Rajoy y a la vicepresidenta Saénz de Santamaría. La Xunta alega que la llegada de capital extranjero en un momento como este enviaría un mensaje muy positivo para compensar la deteriorada imagen del sistema financiero español. Rajoy y su vicepresidenta han respondido con buenas palabras. Pero no existe, que haya trascendido, ningún compromiso concreto.

La fecha límite es el 24 de abril . Y el problema del sector bancario español va mucho más allá de NGB, una simple pieza en un tablero que el Gobierno trata de reorganizar desesperadamente.