Valencia aprueba con los votos del PP el plan de ajuste para pagar proveedores

El pleno del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado esta mañana el plan de ajuste requerido para acogerse al decreto del pago a proveedores. Lo han conseguido sacar adelante gracias al voto a favor del PP. Todos los grupos de la oposición, PSPV, EU y Compromís, han votado en contra y han han coincidido en achacarlo a una "pésima gestión económica". El Ayuntamiento remitió el plan de pago a proveedores impulsado por el Gobierno central con facturas por valor de 181.148.492 euros. Del total, 87 millones de euros, un 48% de la deuda, se asumió sin que hubiera cobertura presupuestaria.

El vicealcalde Alfonso Grau ha defendido que se trata de un plan "equilibrado" y ha recriminado a la oposición que vote en contra, pese a que permite rebajar la carga financiera a partir del cuarto año y abonar a los proveedores. "Parece que están en contra de que se les pague", ha objetado.

Para la concejala de EU Rosa Albert es un "reflejo de la nefasta gestión económica" del gobierno local. Albert ha lamentado que el ejecutivo renuncie a las inversiones, que se aplique "sin atender a circunstancias personales ni de renta" y que no incida en aspectos como los 163 millones de "dudoso cobro" que hay pendientes.

El portavoz de Compromís, Joan Ribó, se ha alegrado del pago de las facturas, pero ha argumentado su voto contrario porque el plan supone "la concreción de la pésima política económica" del Ayuntamiento. Ha calificado de "infracción grave" que más de 87 millones de los 181 que hay en facturas pendientes de pago no tengan consignación presupuestaria y ha asegurado que es "falso" que no suban impuestos.

El concejal del PSPV Pedro Sánchez ha recriminado al PP que describa la situación económica de Valencia como si fuera "Rita en el país de las Maravillas", que "no se corresponde con la realidad" y ha alertado sobre la "gravedad" de los 87 millones comprometidos sin cobertura presupuestaria. El socialista ha recordado que esta cantidad supone un 25% del presupuesto para 2012 y lo ha achacado a "una mala gestión de fondos públicos": "Lleva mucho tiempo utilizando a Zapatero como excusa del gasto, pero ¿va a pedirle responsabilidadesa Alberto Fabra o a Rajoy ahora?" le ha preguntado. También ha recriminado al equipo de gobierno el "descontrol del gasto y de la deuda" y ha afirmado que la reducción del 5 al 2% de la bonificación por domiciliar recibos es "una subida de impuestos porque se lo restan a los ciudadanos".

Grau ha negado que se renuncie a la inversión pública sino que se financia sin recurrir a endeudarse, así como que se suban los impuestos y ha achacado la situación de deuda al "zarpazo" de 130 millones que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero les "quitó del bolsillo miserablemente y sin previo aviso".

El pleno ha dado cuenta de la resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda sobre la aprobación definitiva de la modificación del plan urbanístico de Velluters, último trámite para la puesta en marcha de un aparcamiento que lleva diez años cerrado.

Asimismo, ha dado cuenta de la liquidación de los presupuestos de 2011, que se han saldado, según el concejal de Hacienda, Silvestre Senent, con un ahorro neto positivo de 8,2 millones de euros, lo que supone que se ha cumplido el plan económico financiero.

La oposición ha coincidido en resaltar "preocupantes" datos financieros como los casi 54 millones de euros "gastados pero no pagados" que, según el PSPV, son "una foto de cómo gestionan".

El pleno ha aprobado por unanimidad las ordenanzas de administración electrónica y la de obras de edificación y actividades que agiliza los trámites para la apertura de negocios y que ha provocado la alabanza de todos los grupos.

Por el contrario, ha rechazado, con los votos del PP, la propuesta de la oposición de instar al Gobierno a retirar la Reforma laboral porque, a juicio de PSPV, EU y Compromís, acaba con los derechos laborales, facilita el despido y no crea empleo.

El PP ha hecho valer su mayoría para rechazar las mociones de la oposición para crear una nueva comisión que investigue el accidente de metro, aprobar un protocolo especial de limpieza y para que no se eliminen líneas de la EMT ni se privatice el servicio y crear un consorcio de transporte con los municipios del área metropolitana.

El grupo popular ha sacado adelante sendas mociones alternativas para agilizar conforme a ley el Plan Confianza y adherirse a lo aprobado en las Cortes Valencianas sobre los bebés robados y expresar el apoyo y máxima colaboración del Ayuntamiento para resolver este problema.