La policía abrió 10 procedimientos sobre tráfico de mujeres en Galicia en 2011

La policía nacional investigó durante el pasado año en Galicia un total de 10 casos relacionados con el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual en el marco del protocolo de actuación puesto en marcha ya en 2010 de forma conjunta entre la Fiscalía Superior de Galicia y la Xunta.

Así lo ha señalado este miércoles el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, que ha participado en Santiago en la renovación del protocolo contra la trata de mujeres, que pretende facilitar la denuncia por parte de las víctimas a través de un plan de actuación y medidas de protección especiales.

En aplicación de este protocolo, ha señalado, la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional investigó en Galicia en 2011 un total de 10 casos de tráfico y explotación sexual de mujeres, con varias víctimas en cada caso. Asimismo, la Guardia Civil identificó 605 víctimas de prostitución en locales de alterne, aunque no todas ellas víctimas de tráfico de personas.

Según los datos de la Benemérita, el 80 por ciento de las mujeres que se prostituyen en Galicia lo hacen en los clubes de carretera, mientras que el 20 por ciento restante lo hace en pisos privados, en sus propias viviendas o como acompañantes de lujo. La modalidad de prostitución de calle es la más escasa.En el periodo 2010-2011 y en el marco de este protocolo, las ONG gallegas atendieron a 6.173 mujeres víctimas de la prostitución, de las que 2.632 estaban en Pontevedra, 2.114 en A Coruña, 1.069 en Ourense y 358 en Lugo.

El nuevo protocolo se adecua además a las reformas legislativas, que instan a hacer frente al delito de prostitución coactiva que afecta "prácticamente en su totalidad" a las ciudadanas extranjeras que ejercen la prostitución.Asimismo, se busca favorecer la denuncia de las víctimas aplicando los nuevos recursos legales que incluyen tanto la ley como el reglamento de Extranjería y que se refieren a la coordinación, la identificación de potenciales víctimas, la autorización de residencia y trabajo, la exención de responsabilidad en delitos y el establecimiento de un periodo de reflexión de por lo menos 30 días para que la persona se decida a cooperar con las autoridades.