La defensa del jefe de la Carioca critica la instrucción en la trama de Pontevedra

Los abogados de los cuatro acusados de inducción a la prostitución, secuestro e inmigración ilegal que han sido juzgados ante un tribunal de la Audiencia de Pontevedra —otros tres están declarados en rebeldía— pidieron ayer su absolución por graves defectos en la instrucción del proceso. Los defensores de José Manuel García Adán, principal implicado también en la trama lucense de prostíbulos de la Operación Carioca, Manuel Antonio Ferreiro López, Carlos Varela Sánchez y Manuel Manteiga Rodríguez invocaron la prescripción de los delitos por dilaciones indebidas en el proceso y porque, según ellos, el testimonio de la principal testigo de cargo en el juicio es endeble y está “contaminado” por supuestos intereses personales.

 El testimonio de Cristina, el nombre supuesto de la testigo protegida, es la prueba principal contra una supuesta red de explotación sexual de mujeres en la que esta mujer dice haberse visto atrapada durante cuatro meses después de ser captada en Colombia, retenida y obligada a prostituirse. Las defensas trataron de desmontar su testimonio alegando que denunció para tratar de legalizar su situación irregular en España y evitar su extradición. Los letrados denunciaron al tribunal las contradicciones en las que incurrió una de las testigos, que ya denunció en el pasado a los acusados por los mismos delitos y fueron absueltos, “por lo que no pueden ser nuevamente juzgados”, plantearon.

El juicio quedó ayer visto para sentencia transcurridos 12 años desde que Cristina denunció a los acusados ante la fiscalía. La lentitud del procedimiento vino determinada por su larga desaparición, ya que dio señales de su paradero a finales de febrero, el día en el que se realizaba el cuarto intento por celebrarse la vista oral. Pese a todo, el fiscal sostiene que existen pruebas suficientes para acreditar la comisión de delitos en cadena y de forma continuada por parte de los acusados. Admitió los retrasos indebidos en la instrucción de la causa por lo que rebajó las condenas solicitadas de 10 a cuatro años.

El tribunal resolverá en la sentencia la nulidad del proceso que plantearon las defensas al comienzo del juicio. En el supuesto de que sea absolutoria, los fugados, Ana Milena Gómez, José Isolino Rico Chorén y Manuel Ulloa Manteiga, serán juzgados si se entregan o fueran detenidos.