Las Juntas de Gipuzkoa animan a secundar la huelga general

La abstención de los socialistas permitió ayer la aprobación en las Juntas Generales de una moción presentada por Bildu y apoyada por Aralar que anima a los ciudadanos a sumarse a la huelga general del 29-M convocada contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno central. La iniciativa aprobada reclama la creación de un marco vasco de relaciones laborales que otorgue a Euskadi capacidad para regular el mercado de trabajo. El PNV y el PP votaron en contra por las consecuencias negativas que traer el paro para la economía guipuzcoana.

En el pleno monográfico sobre la reforma laboral, celebrado a propuesta del PSE, Bildu y Aralar, la portavoz de la coalición abertzale, Idoia Ormazabal, criticó que “la imposición mediante del PP” de una nueva regulación que supone “un serio ataque contra los derechos de los trabajadores vascos” que va a ocasionar “consecuencias graves a toda la clase trabajadora”.

Durante el debate, los socialistas defendieron que el Defensor del Pueblo presente un recurso de “inconstitucionalidad” contra la reforma. Su portavoz, Rafaela Romero, afirmó que la reforma “consagra el despido generalizado en tiempos de crisis, aunque la empresa tenga beneficios”, por lo que, añadió, están justificadas las protestas de las organizaciones sindicales.

“Es momento de crear empleo, no de huelgas”, dijo desde la tribuna la juntera del PNV Itziar Agirre tras dejar sentado que su partido está en contra de la reforma laboral. En su opinión, esta medida supone “la devaluación de las condiciones laborales” y, además, “no logra la competitividad empresarial que persigue”. El PNV tratará de modificar el texto con mociones que presentará en el Congreso, según anunció Agirre, quien señaló que para salir de la crisis hace falta “una economía apoyada desde las instituciones, no una política económica cortoplacista basada en la recaudación a través de nuevos impuestos”.

El discurso del portavoz popular, Juan Carlos Cano, fue muy crítico con los socialistas, a los que acusó de “querer anestesiar a la sociedad y hacernos olvidar que su incapacidad ha devastado nuestro país” hasta alcanzar la cifra de más de cinco millones de parados. Según Cano, “la reforma pretende garantizar la flexibilidad de los empresarios”, así como “la seguridad de los trabajadores en el empleo”.