Magerit: derribo o reforma
La Comunidad asegura que el centro seguirá teniendo fines sociales
Para entrar al centro ocupacional Magerit, cerrado hace un año a toda prisa como otros dos centros de discapacitados intelectuales (Fray Bernardino y Arganda) dependientes de la Comunidad de Madrid y en los que se atendían a 305 personas, hay que firmar un documento en el que se desresponsabiliza al Gobierno regional en caso de accidente. El casco es obligatorio para moverse por los recovecos del edificio, desde los subterráneos a las tres plantas superiores. Las abundantes fisuras en techos y paredes generan una atmósfera de inseguridad. Tampoco contribuyen las grietas que serpentean por algunas paredes en ángulos de 45 grados. Por no hablar del óxido que corroe a la mayoría de vigas a la vista y que sustentan la estructura de metal de un inmueble que se remonta a 1928, cuando vio la luz como Imprenta Castro. A la espera del informe que decida su destino, las catas realizadas en la finca durante los últimos meses para comprobar el estado de conservación barruntan su derrumbe, y posterior construcción de un complejo acorde con los nuevos tiempos, como solución más probable.
El óxido que corroe a la mayoría de vigas a la vista y que sustentan la estructura de metal de un inmueble que se remonta a 1928
El cierre del Magerit el 8 de marzo de 2011, “por cuestiones de seguridad” según la Consejería de Asuntos Sociales, todavía colea. Además del trato que se ha dado a las 103 personas que se atendían, desperdigándolos por distintos centros, “muchas de las familias afectadas no entienden ni comparten dicho cierre y lamentan que, de haber estado en esa situación de irregularidad, no se hubieran hecho en su momento las reformas necesarias para su mantenimiento”, entiende la diputada socialista Carmen Toledano.
“Veníamos haciendo distintos trabajos de mantenimiento en el edificio por un millón de euros en los tres últimos años, con reformas como cuando construimos unos baños en la primera planta. Intervenimos cuando detectamos los primeros síntomas; actuamos con responsabilidad y recolocamos a la gente en función de las plazas disponibles en nuestros centros”, alega Américo Puente, gerente de Asuntos Sociales, que recuerda que en el último trimestre de 2010 se encargó un informe sobre la causa de los desperfectos en los centros finalmente clausurados. Aunque no preveía un riesgo inminente, los técnicos desaconsejaban la actividad. En el caso del Magerit, se recomendaba “su cierre preventivo y acometer urgentemente medidas de seguridad para salvaguardar la estabilidad del inmueble y garantizar la seguridad de viandantes en la vía pública ante posibles desprendimientos o desplomes”.
Recolocamos a la gente en función de las plazas disponibles en nuestros centros”, alega Américo Puente, gerente de Asuntos Sociales
Desde la Plataforma Magerit —varios de sus integrantes se alternaron en un encierro en el centro que duró 136 días hasta su fin el 22 de julio—, crítica con el cierre, no lo ven tan claro. “Justo el mes siguiente a la clausura nos enteramos de un acuerdo de Esperanza Aguirre con la Universidad de Nueva York, por la que se rehabilitaría y cedería el Palacio del Marqués de Salamanca en la finca de Vista Alegre para crear un campus de 800 estudiantes. Qué casualidad que el centro ocupacional Fray Bernardino esté precisamente en esa finca y el Magerit a 500 metros...”, asiente Luis Álvarez, representante del grupo. “Creemos que su intención es cederlo también. Especulan con el Magerit”, piensa. “Eso no va a pasar. El futuro centro, sea el mismo reformado o uno nuevo, se destinará a fines sociales. No será de la Universidad de Nueva York. Lo que no sabemos es si lo seguimos destinando a discapacitados o a una residencia de mayores, ya que en el casco urbano de Madrid hay mucha demanda para la oferta existente”, se comprometen en Asuntos Sociales.
La Consejería de Salvador Victoria justifica su decisión de echar el candado al centro remitiéndose a informes como el de Euroconsult, empresa encargada del examen del estado de edificios. “Después de las inspecciones realizadas se estima que para los daños más importantes (...) es necesaria una actuación inminente, rápida pero no inmediata, ya que consideramos que el plazo para realizarla puede esperar 48 horas desde la fecha de emisión de este documento”, recogía un estudio a 8 de marzo de 2011. “Nunca se habló de daños generales sino puntuales, en lugares concretos”, dice Álvarez. “En cuanto a transparencia, quizás lo resolvimos de una manera regular”, reflexionan en la Puerta del Sol.
“Pues claro que conviene respetar las rutinas de los discapacitados intelectuales, de su día a día, pero por encima de todo está el derecho a la vida, y estas personas corrían peligro si seguían en el Magerit. No se iba a venir abajo de un día para otro, pero sí había muchas probabilidades de que se produjera un accidente grave. Hemos sido precavidos y nos reafirmamos en nuestra decisión”, esgrime Puente.
“Un ejemplo: si esta viga, con hasta un 40% de oxidación, se colapsa y cede, no sabemos cómo reaccionaría la estructura de metal que está en mejores condiciones 20 metros más allá. Se sometería a una presión a la que respondería bien o mal. Que se cayera o no es una incógnita, y lo que no podemos es arriesgarnos a una amenaza real que dejaría muertos”, explica Miguel Ángel Martín, subdirector general de Centros y Programas, durante la hora de recorrido por el Magerit. “Se han producido desprendimientos del alicatado del techo, una práctica habitual hace décadas. La humedad en algunos sectores provoca que salten las baldosas”, interviene Javier Gutiérrez, arquitecto y jefe de área del Departamento de Obras, en una sala con el techo apuntalado por una docena de barras. Los maderos colocados se notan combados por la presión.
A la espera de conocer la suerte del Magerit, de si es más barato tirarlo y repensarlo o acometer una reforma en profundidad que va más allá de la chapa y pintura, el 75% de los usuarios que acudían al complejo de General Ricardos se hacen a su nueva rutina en el centro Juan Ramón Jiménez de Leganés. La Comunidad lo terminó de acondicionar en noviembre. Les atienden los mismos trabajadores sociales que en Carabanchel.
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