La Generalitat prepara un requerimiento al Estado para que ceda el 0,7% del IRPF

El consejero de Bienestar Social, Josep Lluís Cleries, ha anunciado este viernes que los servicios jurídicos de la Generalitat están elaborando un requerimiento para exigir al Estado que cumpla la sentencia del Tribuna Supremo que permite a la Generalitat gestionar la casilla social de la declaración de la renta. Actualmente, los ingresos procedentes de esta opción que los contribuyentes marcan en su declaración anual (pueden escoger entre destinar el 0,7% a fines sociales o a la Iglesia) los gestiona completamente el Estado y reparte las subvenciones entre las entidades sociales del territorio.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo sentenció el pasado 16 de diciembre que la Generalitat tenía derecho a gestionar su parte de estos ingresos, ya que es una partida destinada a fines sociales y esta es una competencia autonómica. La resolución establecía que las autonomías tienen “exclusividad” en materia de asistencia social y subvenciones y, aunque el Estado pueda determinar el importe de las ayudas, son las comunidades las que se encargan de su “distribución y control”.

Bienestar Social teme que el Gobierno central haga caso omiso de las sentencias y ya está preparando diferentes medidas judiciales. Una de ellas es un requerimiento para que el Estado cumpla las sentencias. En este sentido, Cleries ha invitado al Gobierno central del PP a “mirarse al espejo”. “Los que ahora incumplen la sentencia son los mismos que llevaron el Estatut al Tribunal Constitucional", ha terciado el consejero. Una segunda medida es presentar un recurso en contra de la convocatoria anual de subvenciones que realiza el Ministerio de Salud y Servicios Sociales, en caso de que no se modifiquen las bases y consideren la cesión de su gestión a Cataluña. La convocatoria se acostumbra a publicar en mayo y si el Estado no aplica la sentencia, la Generalitat presentará ambos recursos.

Pero, además de la gestión, la Generalitat pide que se aumente el montante que reciben las entidades catalanas. Según datos de la Generalitat, los contribuyentes catalanes aportaron mediante la casilla social de sus declaraciones a Hacienda 53 millones de euros en 2010, el 25% del total recaudado. En cambio, a la hora de repartir las subvenciones, las entidades catalanes solo recibieron 30 millones (el 14% del total). Cleries ha anunciado que su intención es reclamar al Estado “el máximo”, aunque ha confesado que se muestra abierto al diálogo y a pactar el porcentaje que debe recibir Cataluña.

El titular de Bienestar Social se ha reunido este viernes con 60 federaciones de entidades para escenificar su unión y crear un frente común para reclamar al Estado la gestión de este 0,7%. En un acto conjunto, la presidenta de la Taula del Tercer Sector (que agrupa a 4.000 asociaciones sociales), Àngels Guiteras, ha reivindicado la necesidad de aumentar las ayudas, “en un momento en que el índice de pobreza en Cataluña ha llegado el 20%” de la población. La presidenta de Cáritas de Cataluña, Carme Borbonés, ha destacado que si los fondos se reparten desde la Generalitat se garantiza "la eficacia de la proximidad".

Actualmente existen 7.500 entidades sociales que Cataluña, que representan el 2,8% del PIB, dan trabajo a 100.000 persones y atienden a 1,7 millones de persones.