Una empresa cobra 56.000 euros por mantener una rotonda en Manises

La diputada provincial de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo, denunció ayer la existencia de distintas irregularidades en el área de carreteras de la Diputación de Valencia que gestionaba el dimitido alcalde de Manises, Enrique Crespo, imputado en el caso Emarsa.

Pérez Garijo denunció en el pleno de la Corporación provincial el pago de 56.484 euros desde enero de 2010, en pequeñas cantidades abonadas mensualmente, a la empresa Riegos Pous por trabajos de mantenimiento de la rotonda de Manises-Paterna. La diputada de EU explicó que los pagos, realizados mensualmente, se han efectuado de manera ininterrumpida sin que exista contrato alguno, ni certificación de los trabajos realizados en el mantenimiento de la rotonda de la CV-371. “Se paga, además, por un mantenimiento que corresponde al Ayuntamiento”, indicó Pérez Garijo.

Además de estos pagos irregulares, la diputada de EU en la Diputación de Valencia también denunció las adjudicaciones a la firma Idom Ingeniería y Arquitectura. Esta empresa logró un contrato de 43.275 euros para establecer las condiciones que se debían valorar a la hora de adjudicar el concurso para medir la cantidad de tráfico que circula por las carreteras titularidad de la Diputación de Valencia. La sorpresa es que esta misma empresa que había fijado los criterios se presentó, con posterioridad, al concurso y se alzó con la adjudicación por importe de 256.800 euros. La diputada provincial de EU denunció, además, que el material de medición y dos de los tres equipos humanos encargados de realizar el trabajo lo suministraba directamente la Corporación que preside Alfonso Rus.

“El área de carreteras que dirigía Enrique Crespo tenía un descontrol similar al de Emarsa y el control brillaba por su ausencia”, recalcó la diputada Rosa Pérez Garijo.

La sociedad Idom diseño las características de un concurso que luego se adjudicó

Durante el pleno de la Diputación de Valencia, el PP desestimó una moción de EU que solicitaba el rechazo del decreto ley del Gobierno que regula el pago de las deudas que tienen los Ayuntamientos con los proveedores. Pérez Garijo lamentó que los municipios se tengan que hacer cargo de las deudas generadas por el plan Confianza de la Generalitat, que no ha abonado las ayudas prometidas. Una moción que no contó tampoco con el apoyo del PSPV y de Compromís.

Durante el pleno, el PP rechazó también una moción socialista para facilitar el pago de instalaciones de césped artificial a pequeños municipios, aunque Rus se comprometió a estudiar particularmente caso a caso.

En la sesión, el equipo de gobierno señaló que cerró el ejercicio de 2011 con un superávit de 42,9 millones de euros y una ejecución presupuestaria del 79,8%, lo que permitirá, entre otras cosas, destinar 500.000 euros este año a las bandas de música para compensar la rebaja de ayudas de la Generalitat.