La defensa pide la absolución por “las dudas” sobre la solidez de la acusación
Labayen pide la absolución de su defendido al considerar que no se sostienen las pruebas
La defensa de Ander E., el supuesto autor de la muerte de Amaia Azkue, la vecina de Zarautz de 39 años encontrada muerta hace un año con el cráneo roto, maniatada y flotando en un embalse guipuzcoano, pidió ayer la absolución de su cliente porque “existen dudas que hacen pensar que la acusación no está bien sostenida”.
El abogado defensor, Joanes Labayen, sostuvo en su alegato final que se rompió la cadena de custodia del cordón de una zapatilla del acusado usado supuestamente para atar a Azkue, una de las principales pruebas incriminatorias. Ello lo invalidaría como tal prueba. El letrado añadió que hay pruebas que no se han analizado, como las huellas en un patín que se encontraba en el interior del coche.
La defensa mantiene
Labayen argumentó que la fiscalía ha utilizado para justificar la localización del acusado en el día del crimen los repetidores de telefonía sin que haya quedado claro el alcance de las mismas. Y defendió que Ander E. se encontraba en clase a las 14.15 del 18 de marzo de 2011, como figura en los estadillos de su colegio y declaró su director, cuando se intentó sacar dinero en un cajero de Zarautz con una tarjera de la fallecida.
La defensa insistió en que el móvil del crimen, que la acusación particular y la fiscalía consideran económico, se ha “pasado por alto” en el juicio.
Labayen leyó sus conclusiones pasadas las 11 de la noche del martes durante la última sesión del juicio, celebrado en los Juzgados de Menores de San Sebastián, que ha quedado visto para sentencia.
Entre los interrogantes que planteó en su informe final figura la “contradicción” de que haya huellas en algunos sitios y en otros no. Según fuentes del caso, sí había rastros en el cordón que supuestamente usó Ander E. para atar a la mujer, pero no en el cuchillo que utilizó para cortar las cintas.
El acusado, quien el día del crimen, el 16 de marzo de 2011, tenía 17 años, se enfrenta a la pena máxima prevista para un menor: 10 años de internamiento en régimen cerrado y cinco más de libertad vigilada.
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