El IBI cambia para que la subida del catastro no eleve la presión fiscal

La Diputación de Bizkaia actualizará a lo largo de este año los valores catastrales urbanos, necesarios para que los Ayuntamientos determinen lo que deberán pagar los ciudadanos por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a partir del 1 de enero de 2013. Dado que la última revisión global del catastro se realizó hace unos 40 años, los mencionados valores van a experimentar “un importante incremento”, como reconoció ayer el portavoz foral, Juan María Aburto, en la rueda de prensa habitual tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Para evitar un aumento de la presión fiscal global en los municipios, los responsables forales plantearán ante las Juntas Generales la modificación en la norma sobre el IBI del tipo de gravamen, estableciendo un tipo mínimo mucho más reducido que el de la norma vigente y otro tipo máximo también muy inferior. Cada Ayuntamiento decidirá, dentro de estos límites, la tarifa que más le convenga.

El tipo de gravamen mínimo propuesto será el 0,02% cuando se trate de bienes urbanos y el 0,3% cuando sean bienes rústicos. El máximo será el 0,3% para los urbanos y el 1,5% para los rústicos. En la actual norma, el tipo de gravamen es del 0,4% para bienes urbanos y el 0,3% para los rústicos. No obstante, los Ayuntamientos pueden incrementar los tipos hasta un límite del 3% para los bienes urbanos y del 1,5% para los rústicos.

Aburto reconoció que “cabe la posibilidad” de que el IBI, la principal fuente recaudatoria de los Ayuntamientos, aumente en algunos municipios, aunque “la norma posibilita que no suba la presión fiscal”. “Nuestras previsiones están hechas para que, aunque aumente el valor catastral, se reduzcan las tarifas. No obstante, será cada Ayuntamiento el que fije, dentro de los límites, el tipo aplicable”, señaló.

El portavoz informó también de que la nueva ley no hará distinciones entre primera y segunda residencia, a diferencia del proyecto de norma que prepara la Diputación de Gipuzkoa, que prevé aplicar un recargo en el IBI de hasta un 150% sobre las viviendas que no sean la residencia habitual, siempre y cuando así lo decida el Ayuntamiento correspondiente.

El borrador de la norma recoge que en los municipios en los que la revisión catastral no finalice en los plazos previstos se aplicarán los gravámenes vigentes a 1 de enero de 2012. “Se están desarrollando las ponencias. Es un itinerario complejo en cada municipio, con diferentes zonas”, explicó Aburto.

Igualmente, dado el elevado coste de las notificaciones personales por parte de la Administración de los valores catastrales —Bizkaia suma cerca de un millón y medio de bienes inmuebles—, y “en defensa de un empleo eficiente de los recursos públicos”, este sistema tradicional se alternará con la personación. Así, se determinará un plazo para la retirada de la notificación, transcurrido el cual, y aunque ésta no se haya producido, “los nuevos valores catastrales se entenderán como notificados a todos los efectos”.