Huelga necesaria y oportuna

El próximo día 29 está convocada por UGT y CC OO una huelga general en España, que en Galicia contará también con el concurso de la CIG, con el fin de lograr la rectificación del Gobierno en su devastadora política de ajustes y, en particular, de la reforma laboral aprobada recientemente por el Ejecutivo, que persigue un modelo de relaciones laborales con menos derechos para los trabajadores, reducción generalizada de salarios y un poder omnímodo para los empresarios. Sin embargo, no conviene perder de vista que estas ominosas medidas se insertan en la ofensiva que los poderes económicos y los sectores conservadores han desencadenado desde hace años contra las conquistas sociales y los Estados de bienestar, ofensiva que adquiere su clímax al calor de la actual crisis económica. En efecto, hace mucho tiempo, incluidos los períodos de fuerte crecimiento, que desde los círculos económicos dominantes en el mundo se habla de anomalía europea del capitalismo y de euroesclerosis para definir nuestro modelo social. Y, como alternativa, los poderes dominantes proponen la supresión de las supuestas rigideces del mercado de trabajo y la necesidad de redimensionar el Estado del bienestar, que consideran excesivo e insostenible. Así pues, los intentos de desbaratar el pacto social y de desmontar los Estados sociales a los que aquél dio lugar vienen de lejos y la actual crisis es utilizada como una coartada más que como un argumento.

Por eso lo primero que destaca en el proceso de preparación de la huelga general es el intento de determinados sectores políticos y económicos de ocultar y desvirtuar los objetivos de la convocatoria sindical. Con práctica unanimidad, muy preocupante desde el punto de vista democrático, todos los medios del establisment han decidido sustituir el debate de fondo por una burda campaña de deslegitimación de las centrales sindicales, a las que los citados poderes económicos y los llamados mercados consideran el último obstáculo que hay que derribar para imponer un cambio de modelo social que acabe con las conquistas conseguidas a través de un largo y difícil proceso civilizador.

Así pues, parece inexcusable recordar que los sindicatos españoles han hecho una aportación impagable a la conquista de la democracia, a la defensa de los trabajadores, a la cohesión social y a la estabilidad política del país. Por eso no es de recibo la campaña que los más conspícuos representantes de la derecha han puesto en marcha con el fin de descalificar a las instituciones sociales que, como nuestros sindicatos, más han contribuido al bienestar social y a la estabilidad democrática. Pero los sindicatos no solo tienen el derecho constitucional a promover una acción de esta envergadura, como reconocen incluso los críticos más paternalistas, sino que además les asiste la razón y el momento elegido es el oportuno. Porque, en efecto, cuando un Gobierno como el presidido por Rajoy ha tomado medidas draconianas contra los intereses de los trabajadores que no constaban en su programa electoral; cuando ese Gobierno anuncia nuevos ajustes y recortes en los Presupuestos del Estado que van a afectar a cuestiones básicas de nuestra vida como la sanidad, la educación, los servicios sociales o la inversión pública, y cuando este mismo Gobierno se niega a cualquier negociación amparándose en su mayoría parlamentaria —que legitima para gobernar pero que no desposee a los ciudadanos de sus derechos de crítica, opinión o manifestación— a los sindicatos solo les queda el recurso a la movilización democrática de la ciudadanía antes de que se consume el desastre al que nos conducen las políticas que se han revelado ya en toda Europa no solo injustas sino también ineficaces. Y la respuesta, si quiere estar a la altura del desafío del Ejecutivo, no puede ser otra que una acción de carácter nacional, es decir, una huelga general.

Por lo que respecta a Galicia, la Xunta no puede evadir su propia responsabilidad en la grave situación que atraviesa nuestra economía. Como se ha puesto de manifiesto en el reciente debate de política general celebrado en el Parlamento, los datos son tan elocuentes como desoladores. Desde que Feijóo es presidente, Galicia ha perdido el diferencial positivo de crecimiento del PIB que tuvo entre 2005 y 2008,la deuda pública ha crecido exponencialmente, se han destruido 117.000 empleos y 65.000 personas han engrosado las listas del desempleo, que se sitúa en los niveles más altos de la historia del país. El Gobierno Feijóo ha fracasado rotundamente, y podemos afirmar que en las principales variables (crecimiento económico, empleo y equilibrio de las cuentas públicas) Galicia se encuentra entre las comunidades autónomas con peores resultados. No parece, pues, que la Xunta pueda marcharse de rositas ante las exigencias económicas y sociales que el próximo día 29 van a poner sobre el tapete las centrales sindicales gallegas. Allí estaremos para poder comprobarlo.