Bagó ha captado 50 millones de fondos públicos desde 2002 mediante el CSC

De las múltiples facetas de Ramon Bagó —alcalde de Calella por CiU entre 1979 y 1991, empresario de éxito, uno de los arquitectos del sistema sanitario catalán y Creu de Sant Jordi en 2001— hay dos que se encuentran en la cocina de los hospitales catalanes. Una es la del gestor sanitario, la del hombre que durante 20 años ha podido intervenir en la dirección de decenas de centros a través del Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC), un organismo público donde ha ocupado todos los cargos de responsabilidad —actualmente es vicepresidente y consejero de sus empresas filiales— y que agrupa a más de 60 hospitales financiados por la Generalitat pero cuya gestión depende de fundaciones, consorcios y otras entidades públicas y privadas sin afán de lucro. La otra cara de Bagó que se mezcla entre los fogones es la del empresario dueño de un conglomerado, el Grupo Serhs, con 74 empresas, 2.600 empleados y 473 millones de euros de facturación en 2011. Tres de ellas han obtenido, desde 2002, contratos de centros mediante el CSC.

La Oficina Antifraude de la Generalitat abrió en enero una investigación para aclarar este aparente conflicto de intereses. EL PAÍS ha rastreado los contratos de la última década entre hospitales y centros gestionados por el CSC y las empresas de Bagó, y ha descubierto que estas han conseguido contratos por 50,8 millones de euros. De ellos, casi una tercera parte (15,3) han acabado en sus cuentas sin mediar concurso.

La mayoría de los miembros

Hay tres circunstancias en la que es posible el conflicto de intereses. La primera se da en los centros de los que el CSC es el responsable directo, aunque sean financiados por la Generalitat. Es el caso de Cotxeres de Borbó, en Barcelona, una concesión administrativa obtenida por el CSC de la Generalitat en 2008 para la construcción y gestión durante 30 años de un equipamiento con 255 plazas sociosanitarias. Circunstancias parecidas concurren en la residencia Frederica Montseny de Viladecans (Baix Llobregat), con 233 plazas. El centro está gestionado por un consorcio formado por el Ayuntamiento de Viladecans y el propio CSC.

Las otras dos situaciones en las que el conflicto de intereses puede emerger están vinculadas a dos de servicios que ofrece el CSC: el de contrato de gestión y el servicio de licitaciones. En el primero el CSC nombra, a través de una filial, al gerente que se encargará de fijar objetivos, presupuestos y líneas estratégicas. En aquellos centros, como algunas residencias, no obligados a sacar a concurso los servicios, el gerente tiene autonomía para contratarlos.

En el segundo caso, la mesa de contratación del CSC, formada en su mayoría por su propio personal (secretario e interventor incluidos), se encarga de redactar las bases del concurso, efectuar la apertura de plicas y valorar las ofertas. Este sistema paralelo de licitación ha sido cuestionado por la Intervención, según ha sabido este periódico, aunque la Generalitat avaló en 2009 su legalidad.

Casi un tercio

El mayor importe captado por Serhs en la sanidad catalana ha provenido de la Corporación de Salud del Maresme y la Selva, entidad que gestiona los hospitales de Blanes y Calella, y tres centros sociosanitarios en la zona. Bagó fue alcalde de Calella por CiU entre 1979 y 1991, y la corporación tiene incluso un pequeño paquete de acciones de Serhs, según consta en las cuentas depositadas en el registro mercantil. Serhs ha gestionado la cocina sin pausa al menos desde el año 2000. También ha sido la empresa elegida para varias obras. En total, las empresas de Serhs se han llevado 19,8 millones de euros en contratos desde 2002.

Dos grandes complejos sociosanitarios de la Obra Social de Catalunya Caixa, en Cornellà (Baix Llobregat) y en el barrio de Vall d’Hebron de la capital catalana, han representado también un flujo importante de dinero para Serhs.

Ambos están financiados enteramente por la Generalitat y el CSC gestiona el primero desde julio de 2004 y dirigió el segundo entre 2002 y 2011, ya que la política de la entidad financiera no es gestionar directamente sus centros, sino contratar para ello a una empresa especializada en la gestión de equipamientos sociosanitarios, según una portavoz.

En ambos casos contrató sin concurso a Serhs para los servicios de cocina, lo que le ha reportado ingresos de 9,2 millones de euros. Una portavoz del CSC asegura que la contratación cumple la ley, ya que se trataba de un “acuerdo entre dos empresas privadas” y el concurso no era necesario.

El dueño de Serhs

Badalona es otra de las plazas fuertes de Serhs. El hospital municipal, gestionado por el CSC desde hace 14 años, ha concedido a la empresa de Bagó en la última década el contrato de cocina sin concurso público por 4,8 millones de euros, a pesar de las advertencias de la Sindicatura de Cuentas. Un total de 7,3 millones del centro sociosanitario El Carme, también gestionado por el CSC, fluyeron hacia Serhs, estos a través de concurso, con un contrato a 14 años firmado en 2003. Badalona, gobernada por el PSC hasta las pasadas elecciones y ahora por el PP, ha concedido otros contratos a Serhs en servicios sociales por medio millón de euros. El hospital de la ciudad ha sacado hace unos días el concurso para la cocina del centro por primera vez en su historia.

Los otros dos grandes contratos de Serhs localizados por este periódico son los de los centros sociosanitarios Frederica Montseny (4,66 millones entre 2007 y 2015) y Cotxeres de Borbó (3,85 millones por un contrato vigente entre 2011 y 2016). En este último centro, otra empresa del grupo Serhs ha logrado dos contratos por 720.000 euros por mobiliario y equipos de cocina.

La mesa de contratación de Viladecans ilustra la confusión de intereses que puede producirse en las licitaciones del CSC. El presidente es un representante del Consorcio Sociosanitario de Viladecans (CSSV). La secretaria es la del CSC, al igual que tres de los vocales, y el cuarto representa al CSSV. Es decir, la mayoría de los presentes forman parte de una entidad, el CSC, cuyo vicepresidente es el dueño de la empresa adjudicataria.

Ramon Bagó ha asegurado a este periódico que ha “cumplido siempre la ley”, aunque no quiso entrar en detalle sobre las adjudicaciones a sus empresas. Según Bagó, sus empresas se han presentado a decenas de concursos en Cataluña. Los mismos argumentos ha utilizado el CSC, que asegura haber cumplido “escrupulosamente la normativa vigente en cada momento” y que su servicio de licitación tramita “más de 25 concursos de restauración, de los que muy pocos han sido obtenidos por Serhs”.