Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
EL 'CASO ANESVAD'

Gamarra centra las miradas

El expresidente de Anesvad, principal objetivo de la fiscalía y de la acusación particular

El expresidente de Anesvad, José Luis Gamarra, primero por la izquierda en los juzgados vizcaínos.
El expresidente de Anesvad, José Luis Gamarra, primero por la izquierda en los juzgados vizcaínos.

Visto para sentencia. Si algo ha confirmado el juicio sobre la supuesta apropiación de fondos de Anesvad que se ha celebrado durante las dos últimas semanas en la Audiencia de Bizkaia, han sido los continuos desvíos de dinero de la ONG a los que recurría su expresidente José Luis Gamarra, sin el control contable de la entidad. Dos semanas intensas de vista oral y declaraciones han revelado ante el tribunal los sospechosos movimientos bancarios que realizaba el principal imputado del caso. Según las acusaciones, con el objetivo de quedarse con un dinero que la defensa, en cambio, da por "resarcido".

Gamarra se ha convertido en el principal objetivo de la fiscalía y de la acusación particular, que defiende los intereses de Anesvad. El Ministerio Público pide para el expresidente seis años de prisión por la supuesta apropiación de 7,5 millones de euros, de los que solo considera que ha reembolsado 4,2, por lo que aún mantiene 3,3 por pagar. Los abogados de la ONG van incluso más allá y reclaman ocho años de prisión para el principal acusado, al entender que además dañó la imagen de la entidad, provocando una pérdida de credibilidad que se ha traducido en una merma de socios y sus correspondientes ingresos.

“Las cantidades de dinero desviadas se reembolsaron a la entidad”

Los testigos y peritos han ratificado con sus declaraciones ante el juez algunas de las presuntas irregularidades conocidas durante la instrucción. Entre ellas, la existencia de cuentas paralelas a Anesvad, gestionadas en exclusiva por Gamarra, en las que se ingresaban fondos para dos proyectos en los que colaboraba la ONG: Leprosería Culión y Misión de China. Varios testimonios han incidido en que el expresidente utilizaba ese dinero para gastos personales, inversiones e incluso gratificaciones destinadas a sus empleados de confianza. Algunos de estos últimos han admitido que se les premió hasta con la compra de coches.

Enderezar el rumbo

La resolución del proceso judicial en el que deben resolverse las responsabilidades en el supuesto desfalco en Anesvad se espera que llegue en un plazo breve de tiempo. Sin duda, este es el principal objetivo de los actuales gestores de esta entidad benéfica, que trata de enderezar el rumbo después de las zozobras sufridas tras producirse este escándalo, y que permanece todavía bajo la administración estatal.

Se trata de una incómoda situación, como consecuencia de la polémica que salpicó a Anesvad mediada la pasada década y que, de hecho, propició su intervención en 2007. El escándalo, sumado ahora a la crisis, se ha cobrado el 60% de los socios, lo que no ha evitado que la organización se mantenga como la más importante de las que se dedican a la cooperación al desarrollo lejos de Madrid y Barcelona. Precisamente el impacto social de este caso juega en contra de los intereses de sus actuales gestores para recuperar la confianza deteriorada.

La defensa, en cambio, sostiene que las acusaciones mantienen su incriminación a Gamarra sobre "conjeturas", ya que carecen de pruebas que evidencien su apropiación de fondos de Anesvad. "Posiblemente la gestión que hizo Gamarra de las cuentas no fue muy estética y no digo que merezca un Premio Nobel por ella, pero no se ha llevado un euro", aseguró el letrado del expresidente en la presentación de sus conclusiones. Según su tesis, todas las cantidades de dinero desviadas fueron reembolsadas en las cuentas de la entidad, mientras que los euros que a diario se sacaban en metálico se utilizaban, en parte, para gastos de obras o llevar los fondos hasta proyectos ubicados en regiones "donde no había bancos".

A segundo plano han pasado los otros dos acusados del caso: el exdirector general de la ONG, José Miguel Sustacha, y el exdirector financiero, Francisco Martínez. Tanto la fiscalía como la acusación particular han decidido rebajar para ambos sus peticiones de ingreso en prisión a 20 meses, frente a los seis años que reclamaban inicialmente. Argumentan que, además de haberse autoinculpado de sustraer 457.000 euros cada uno, el primero ha reintegrado todo el dinero y el segundo, al que le restan por pagar unos 64.000, se ha comprometido a devolverlos en plazos mediante una escritura notarial. De resultar sentenciados con la pena solicitada, no tendrían que ingresar en prisión, ya que es inferior a dos años y supondría su primera condena.