Los promotores no alquilan al Gobierno

Cerca de tres años después de que el Gobierno vasco impulsara medidas para tratar de movilizar las viviendas vacías que el sector privado ha construido en los últimos años en Euskadi, la conclusión es que los constructores prefieren esperar a compradores de esas casas aún por estrenar.

El Gobierno vasco planteó una iniciativa a los promotores privados con la idea de que las viviendas que no consigan vender debido a la crisis tuviesen una salida intermedia, el alquiler a través de Alokabide por un plazo de cinco años, que facilitase un balón de oxígeno en forma de liquidez a las empresas privadas. Sin embargo, y según una respuesta parlamentaria a preguntas del PNV, el Departamento de Vivienda reconoce el escaso eco que ha tenido entre las empresas privadas.

De las provincias de Bizkaia y Gipuzkoa no se ha recibido ninguna solicitud a lo largo de la legislatura y en Álava las viviendas puestas a disposición del Gobierno han sido muy reducidas y en pueblos del territorio en los que no existe demanda de viviendas por parte de los ciudadanos. La propia orden que regula esta medida, que devuelve los pisos al finalizar el plazo establecido, descarta esta posibilidad: “No serán admitidas aquellas [viviendas] que estén ubicadas en términos municipales o comarcas en los que no exista suficiente demanda en alquiler o el entorno de la vivienda la haga difícilmente arrendable”.El resultado es que el cierre de transacciones de este tipo ha sido “inviable” para el Gobierno vasco.

A las entidades privadas "no les aprieta" el número de viviendas vacías

La razón del escaso éxito de la iniciativa estriba en que, a juicio del actual Departamento de Vivienda, frente a la gran cantidad de viviendas vacías que tiene el resto de España debido al boom inmobiliario, con entre 750.000 y un millón de hogares sin ocupantes, “ese gran stock que existe en España es muy pequeño en el caso de Euskadi, aquí no ha habido una locura constructiva”, señala el director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda, Mario Yoldi. Los datos del Eustat indican que entre 2006 y 2010 el número de viviendas nuevas creció en 8.200 cada año —el 45% en BIzkaia—, frente a las 20.500 anuales del tramo 2001-2006.

Esta comunidad autónoma tenía en septiembre de 2011, cuando se realizó la última encuesta de oferta inmobiliaria, 5.212 viviendas libres de nueva construcción sin vender. Eso sí, la cantidad es superior a la de diciembre del año anterior, con 4.596, una diferencia de más de 600 que se suma a la caída de las ventas de 2011, un 23,6% inferior a las del ejercicio anterior.

La asociación de promotores vizcaínos argumenta que sus pisos pierden valor al convertirse en vivienda usada

Pese a estos últimos datos, el panorama global del sector inmobiliario vasco es de relativa tranquilidad, con promotores a los que “no les aprieta” el número de viviendas vacías, según Yoldi. “Al principio [de la legislatura] nos alarmamos mucho”, reconoce, para después insistir en la diferencia entre el panorama vasco y el español en esta materia.

El stock —que por otra parte es necesario para la compraventa— es reducido, pero lo es más porque el sector inmobiliario y de la construcción, un ámbito económico muy dañado por la crisis económica, ha abogado por la herramienta de la dación en pago. De este modo, saldan sus cuentas pendientes con las entidades bancarias, a las que la crisis está convirtiendo en las nuevas inmobiliarias gracias a los desahucios, siete al día en Euskadi, por el impago de hipotecas.

Otra de las razones del fracaso de la iniciativa es el lucro. Al arrendar los pisos, Vivienda plantea pagar a los promotores —que a su vez solo pueden presentar doce inmuebles para beneficiarse de esta medida— un máximo de 27.000 euros, 450 por cada mes de alquiler. El secretario general de Ascobi, la asociación de constructores y promotores de Bizkaia, Iñaki Urresti, explica que para estos empresarios la apuesta del Gobierno vasco “no es interesante” en términos económicos porque, a pesar de que la iniciativa generaría cierta liquidez, a los cinco años esa vivienda volvería a sus manos para ser vendida, pero “dejaría de ser nueva”, con la consecuente devaluación de su precio.

Urresti añade, además, que los promotores inmobiliarios no mostraron interés por alternativas como esta en la anterior legislatura, cuando el Departamento de Vivienda, dirigido por Javier Madrazo (EB), les tanteó con esta idea.