El turno de oficio enfrenta a jueces y abogados en Sueca
Los letrados reducen el servicio ante los recortes de la Consejería de Justicia
Los seis jueces de Primera Instancia e instrucción de Sueca han advertido a Joan Tamarit, decano de los abogados de la capital de La Ribera Baixa, que se le incoará procedimiento penal por un delito de desobediencia y contra la administración de justicia. Además, han exigido al colegio profesional que representa Tamarit para que siga prestando la asistencia gratuita como lo venía haciendo hasta la promulgación de la orden de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas mediante la cual se les recorta los honorarios a los abogados.
Los profesionales habían decidido en asamblea negarse a facilitar el turno de oficio de manera inmediata y genérica cuando no exista petición expresa del interesado para declaraciones de imputados y juicios rápidos. La medida entró en vigor el pasado día 10, previo aviso a los titulares de los juzgados. Mantienen la asistencia a detenidos.
La advertencia de los jueces, que el decano interpreta en una circular difundida entre los colegiados como “amenaza”, se hace extensiva al “letrado en concreto” que por turno de oficio corresponda en cada caso. Por ello, los abogados de Sueca han roto las relaciones institucionales con los representantes de la judicatura. Así, han suspendido un cursillo de formación sobre la ley valenciana de relaciones familiares previsto para el próximo día 23 en su deseo de no compartir mesa con un juez que “no ha vacilado en exhibir sus poderes de forma totalmente gratuita”.
Tamarit ha contestado a los requerimientos de los jueces, realizados con anterioridad al pasado día 10, exponiéndoles que la comunicación incumple lo previsto en los artículos 15 y 21 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Estos hacen referencia al procedimiento de designación de abogado de oficio, personas que pueden acogerse y plazos. Ana Faus, titular del juzgado número 3, insistía el miércoles en un auto en la advertencia de iniciar acciones penales contra los letrados tras suspender la declaración de un imputado. El jueves hizo lo propio la magistrada del número 1, Clara España.
Hasta hace unos días el colegio era requerido por los juzgados para que el letrado del turno de oficio asistiera los casos de la agenda sin que se iniciara expediente alguno o comprobara si el encausado estaba dentro de los supuestos previstos por la ley. La medida ya se está adoptando en Castellón y Valencia sin que los jueces hayan reaccionado como en Sueca, según cuenta Tamarit en la misiva enviada a sus compañeros.
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