Benestar insiste que no dará ayudas al macrogeriátrico

La Xunta negó ayer en el Parlamento que el macrogeriátrico de 2.000 plazas que una promotora privada quiere construir en Guitiriz en terreno protegido tenga ningún acuerdo para concertar más de la mitad de sus plazas o haya pedido ayudas públicas. La empresa asegura ambas cosas en los documentos oficiales con los que tramita los permisos, pero la secretaria general de Traballo e Benestar, Cristina Ortiz, dice que “no existe ningún compromiso de financiación pública”. Pese a acusar así implícitamente a la empresa de mentir, Ortiz admitió que la Xunta continuará con el “impulso y tramitación” del proyecto.

De momento la tramitación se limita a los aspectos urbanísticos y ambientales, que implican una recalificación de terrenos que la Consellería de Medio Ambiente está “impulsando”, dice Ortiz, "como haría con cualquier otra iniciativa” privada de esa magnitud. La empresa aún no ha solicitado el permiso de actividad, petición que cuando llegue a Benestar será tratada “como proyecto privado”.

Ortiz, pese a ser alto cargo de Traballo e Benestar, fue la encargada de responder a una tanda de preguntas formuladas por el nacionalista Manuel Parga que incluía también cuestiones ambientales, urbanísticas y económicas. En esos aspectos se limitó a leer lo que recogen las respectivas leyes sectoriales de aplicación en el caso, recordando al Ayuntamiento de Guitiriz que tendrá que asumir la ordenación urbanística que le dicte la Xunta.

La secretaria de Benestar también criticó el impulso de varias residencias públicas por parte de la Diputación de Lugo. Aseguró que no existe demanda en la provincia para ellas, ya que la lista de espera de plazas asistidas es de 116 peticiones.

Pese a esa escasa demanda, la Xunta “impulsa” el proyecto privado que suscribe Avance Arquitectónico, una pequeña inmobiliaria de Alcalá de Henares que guarda silencio. En 173 hectáreas a seis kilómetros del centro urbano, el complejo tendrá una residencia asistida de 200 plazas y 900 chalés independientes de hasta dos plazas, además de hotel y albergue para visitantes, auditorio, tiendas o templo. La promotora asegura que invertirá 135 millones de euros para obtener un beneficio anual de 14 millones. A cambio, pagará a la comunidad de montes propietaria del terreno ahora forestal 30.000 euros anuales una vez que la Xunta lo recalifique en urbanizable.