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La oposición unida exige en las Cortes que se retire el decretazo

Socialistas, Compromís y EU presentan una proposición de ley contra los recortes

Fran Ferri, Rafael Rubio e Ignacio Blanco, en las Cortes.
Fran Ferri, Rafael Rubio e Ignacio Blanco, en las Cortes. JORDI VICENT

Socialistas, Compromís y Esquerra Unida presentaron este miércoles conjuntamente en las Cortes Valencianas una proposición de ley en la que reclaman que se deroguen los recortes salariales aplicados al personal de la Generalitat. La iniciativa legislativa, planteada a propuesta de los sindicatos de la función pública valenciana, pide al Consell que negocie con los representantes de los trabajadores otras medidas de ahorro alternativas.

El diputado socialista Rafael Rubio recordó que el propio consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, José Manuel Vela, aseguró públicamente el pasado mes de noviembre que no pensaba tocar el salario del personal de la Administración valenciana. “Ahora tiene la oportunidad, con Alberto Fabra y el PP, de restituir el salario de los empleados públicos”, dijo Rubio, “y le adelanto ya alguna sugerencia para recortar el gasto de la Generalitat: que suprima los delegados provinciales del Consell”.

Ignacio Blanco, de Esquerra Unida, argumentó que el recorte del salario a funcionarios e interinos es una medida injusta, sobre todo cuando el Consell se ha negado a recuperar el impuesto sobre patrimonio, a cancelar el contrato de la carrera de fórmula 1 que se celebra en Valencia y a rectificar la política de grandes eventos.

Por su parte, el diputado de Compromís Fran Ferri insistió en que si hay que recortar la grasa de la Administración —como asegura el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra— esta no está en los salarios de los maestros, los enfermeros y los bomberos, sino en los gastos suntuarios. “Se trata de una improvisación del Consell, y un buen Gobierno no improvisa, planifica”, sentenció Ferri.

En la iniciativa legislativa presentada por los tres grupos de oposición conjuntamente se critica que el decretazo aprobado por el Consell el 5 de enero pasado no se puede justificar por “circunstancias sobrevenidas e imprevisibles” puesto que el contexto económico era “sobradamente conocido” por el Gobierno de Alberto Fabra.

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