La fiscalía rebaja a 20 meses su petición de cárcel para dos exdirectivos de Anesvad

El juicio del caso Anesvadafronta su recta final. Tras escuchar a los distintos testigos y peritos, las partes elevaron ayer a definitivas sus conclusiones con una modificación sustancial. Tanto la fiscalía como la acusación particular, que representa a la ONG, rebajaron a 20 meses su petición inicial de seis años de cárcel para los exdirectivos de la entidad José Miguel Sustacha y Francisco Martínez, quienes confesaron haber sustraído cada uno 457.000 euros de los fondos de Ansvad.

Si son condenados a esa pena, no tendrían que ingresar en prisión, ya que es inferior a dos años y supondría su primera condena.

El Ministerio Público y la acusación particular coincidieron ayer al considerar como atenuante la “disminución de los efectos del daño”. En concreto, Sustacha ha reembolsado en Anesvad todo el dinero sustraído. A Martínez, en cambio, le restan por pagar unos 64.000 euros, que se ha comprometido a devolver en plazos, y con el aval de terceras personas, mediante una escritura notarial.

A ambos se les ha retirado, además, la solicitud de responsabilidad civil en concepto de indemnización, aunque tendrán que hacer frente a una multa de 12 euros diarios durante seis meses si son condenados. En total, la sanción de cada uno se elevaría hasta los 2.160 euros.

La rebaja de petición de penas para los dos exdirectivos no se trasladó al expresidente de Anesvad y principal acusado, José Luis Gamarra, para quien la fiscalía solicita seis años de cárcel y ocho la acusación particular. Ambas partes le acusan de haber causado un perjuicio material a la ONG de unos 7,5 millones de euros, de los que ha repuesto 4,3 millones. Por tanto, mantiene pendientes de pago otros 3,2 millones, que son los que reclama el Ministerio Público en su informe provisional.

A la espera de conocer hoy los informes definitivos, ayer culminaron las declaraciones en la Audiencia de Bizkaia con el testimonio de dos peritos. El propuesto por la defensa de Gamarra reconoció que el expresidente de la ONG realizó inversiones con patrimonio propio y fondos de Anesvad, si bien concretó que lo hizo “de manera paralela, pero diferenciada”. Dejó claro, además, que los segundos los restituyó con posterioridad. Igualmente, dio credibilidad al principal acusado cuando este le relató que dispuso de 319.000 euros de las cuentas de la ONG como contraprestación por la venta de una colección personal de sellos, pese a que el auditor en ningún momento pudo comprobar la existencia de estos ni contrastar su verdadero valor.

El perito de la defensa, por otro lado, juzgó “razonables” los 800.000 euros de patrimonio que se atribuyen a Gamarra y calificó a Anesvad como una ONG eficaz. Según justificó, su ratio de eficiencia, entendida como el porcentaje del gasto estructural sobre el total de recursos, era muy inferior al de otras entidades similares cuando se decidió su intervención.