Desahucio para las posibles víctimas de una estafa hipotecaria

El pasillo está pintado de amarillo. Un primer dormitorio de azul. Y el segundo, de verde. Néstor Castillo y Kelly Herrera, una pareja ecuatoriana de 39 y 40 años, esperaban esta mañana en su colorido piso de la calle Virgen del Lluc (Pueblo Nuevo) la hora de su desahucio, programado para las 10.30. Su caso no es uno más. La pareja, que tiene tres hijos, es una de las diez familias denunciantes en un caso de posible estafa que está actualmente bajo investigación judicial.

Los afectados, todos ecuatorianos, compraron sus pisos mediante avales encadenados asesorados por el dueño de un chiringuito financiero, Enrique Caño, que en noviembre fue detenido y en enero prestó declaración judicial como imputado. A pesar de la investigación en curso, el fiscal ha rechazado la petición del abogado de los afectados, que pedía la paralización de los desahucios de los afectados hasta que se dicte sentencia y se compruebe si fueron o no víctimas de una estafa.

Enrique Caño gestionaba una financiera llamada Central Hipotecaria del Inmigrante, cuyo objetivo era, según explicaba a los inmigrantes, ayudarles en su integración mediante la adquisición de viviendas; su producto estrella se llamaba Hipoteca Bienvenida. El acusado patrocinaba además un equipo de fútbol, el Sporting de Ecuador, en el que jugaba Nelson, y fue así como se conocieron. El ecuatoriano, que lleva más de 15 años en España, trabajaba entonces de captador de pisos de una inmobiliaria (la persona que "capta" pisos en venta y pone a sus propietarios en contacto con una inmobiliaria). Cobraba 600 euros por vivienda captada, ganaba "lo normal de entonces", dice.

Su mujer, Kelly, trabajaba de cajera en un supermercado. Quisieron comprar un piso para ahorrarse el dinero del alquiler, "por hacer una inversión", explica ella. Les costó 225.000 euros y Caja España les concedió un crédito por el 100% del valor. Esta entidad es una de las que figura tras las hipotecas de varios de los inmigrantes afectados. Además de a Caño, el abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha denunciado a varios directores de las sucursales involucradas porque cree que su colaboración fue necesaria para firmar estos créditos.

El caso saltó cuando el desempleo empezó a afectar a los propietarios y sus desahucios empezaron a ejecutarse. Al avalarse unos a otros, la mayoría de las veces entre desconocidos, en cuanto uno empezó a tener problemas con los pagos arrastró al resto. Mayoral presentó una denuncia en nombre de varios afectados hace ya más de un año, aunque ha ampliado la denuncia cuando les han llegado nuevos casos. En noviembre, el juez ordenó la detención a Caño, que declaró en enero. La investigación sigue su curso y Mayoral no se explica por qué la fiscalía ha rechazado su petición de que, mientras se esclarece el caso, se paralicen los desahucios de los afectados.

Castillo y Herrera estaban esta mañana muy nerviosos. El piso estaba recogido, pero de una pared colgaba aún el horario escolar de uno de sus hijos. Cuando ha entrado en el piso la comisión judicial, Herrera ha sufrido una crisis de ansiedad. Visto su estado de nervios y que en el piso quedaban muebles (y no han llevado camión de mudanzas), la secretaria judicial ha acordado aplazar el desahucio al 30 de marzo.

La pareja, que pagó la hipoteca durante tres años y a quien la entidad sigue reclamando 215.000 euros, tiene una situación bastante precaria. En estos momentos sólo trabaja él, que gana unos mil euros "en hostelería". Desde Caja España insisten en que "sólo se llega a este extremo tras agotar todas las vías de negociación". Respecto a la investigación en curso, Mayoral denuncia que la entidad no ha aportado la información que le ha requerido el juez para esclarecer el caso. Fuentes de la entidad niegan este punto: "No tenemos constancia de ningún requerimiento pendiente".