Detenido el dueño de un 'chiringuito' hipotecario

El gerente de una oficina que se dedicaba a colocar hipotecas entre inmigrantes con bajos ingresos durante los años de la burbuja inmobiliaria fue detenido el pasado jueves por orden de un juez de Madrid que le imputa un presunto delito de estafa. Los denunciantes son varias familias inmigrantes con créditos hipotecarios que no pueden pagar y que se encuentran en mora o en proceso de desahucio. Debido a la legislación española, cuando pierdan sus casas, aún les quedarán deudas millonarias.

La orden del juez Agustín Morales, del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, fue emitida el pasado 23 de noviembre. Enrique Caño, administrador de un chiringuito hipotecario llamado Central Hipotecaria del Inmigrante (CHI) y otros con nombres parecidos, fue detenido en su domicilio el pasado jueves, según fuentes jurídicas. El juez no le pudo tomar declaración al no estar presente la acusación particular, por lo que lo dejó en libertad y lo citó para comparecer como imputado a mediados de enero.

Se trata de un paso adelante inaudito entre las pocas denuncias por estafa que se han podido presentar en España contra unas prácticas que fueron comunes en los años de mayor auge de la burbuja inmobiliaria. La denuncia fue presentada hace un año, el 30 de noviembre de 2010. La argumentación se basa en que Enrique Caño abusó de la confianza de los inmigrantes y de su escasa formación económica para involucrarlos en operaciones financieras de alto riesgo.

La carta de presentación de CHI, según su propia publicidad, decía: "Somos una entidad de apoyo al inmigrante y trabajamos en un programa de integración basado en la adquisición de viviendas". Caño cobraba un porcentaje de cada hipoteca vendida.

Los denunciantes son inmigrantes ecuatorianos con ingresos inestables que obtuvieron a través de CHI créditos de más de 200.000 euros entre 2004 y 2007 para comprar pisos. Originalmente denunciaron cinco familias, pero hoy son ya 10. Según relatan, Caño conseguía los créditos mediante una trama de avales cruzados, de forma que los compradores se avalaban unos a otros con viviendas a su vez hipotecadas. Las operaciones se cerraban con pocos días de diferencia para eludir los controles mensuales del Banco de España.

Para conseguir un piso, según los denunciantes, Caño exigía al comprador que primero firmara como copropietario en otra operación. Después, el chiringuito buscaba a otros inmigrantes para figurar como copropietarios con el comprador, y así seguía la cadena. De hecho, los denunciantes están todos vinculados porque tienen pequeños porcentajes de otros pisos y otros tienen porcentajes de los suyos.

De esta forma se conseguía que cumplieran los requisitos mínimos de riesgo. Es decir, tres personas con perfil de riesgo muy alto juntas en una escritura, se suman y dan como resultado un perfil de riesgo aceptable para el banco, que concede una hipoteca que por separado no les concedería jamás. El problema es que si el pagador principal falla, arrastra a los demás a la ruina, porque todos son responsables del crédito.

Los inmigrantes se daban cuenta de la jugada y sus riesgos en la mesa del notario, al ir a firmar la escritura. Sin embargo, no era fácil echarse atrás. CHI les exigía una señal como adelanto por la operación que rondaba los 10.000 euros, dependiendo de la capacidad de cada familia. El dinero no se devolvía en ningún caso. Por tanto, aunque no estuvieran de acuerdo, en ese momento se enfrentaban a la disyuntiva de perder los ahorros de su vida o cumplir su sueño y comprarse una casa en España, que en teoría no bajaba de precio.

Central Hipotecaria del Inmigrante cerraba operaciones, según la denuncia, con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (hoy intervenida por el Banco de España), Caja Madrid (ahora Bankia) y Caja España. Las dos primeras ya han remitido al juzgado información sobre sus operaciones con Caño. En el mismo auto en el que ordena la detención, el juez requiere a Caja España que le envíe urgentemente esa información.

El juez ha rechazado una de las principales demandas de los afectados, que se frenen los procedimientos de ejecución hipotecaria. La denuncia persigue la nulidad de los contratos hipotecarios. Al existir un posible delito penal, argumentan, debería paralizarse de forma cautelar el desahucio de sus casas. El juez admite que existen indicios de delito hasta el punto de ordenar una detención, sin embargo afirma que no puede frenar los desahucios. Los denunciantes basan sus esperanzas en que el juez ha pedido a la Fiscalía que informe sobre el asunto.