Begoña Gómez no acude ante el juez Peinado para que le concrete su imputación en la causa por malversación

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, no ha acudido este sábado a los juzgados de Plaza de Castilla para que el juez Juan Carlos Peinado le concrete su imputación en el caso en el que se le investiga una supuesta malversación de fondos públicos relacionada con el nombramiento en 2018 de Cristina Álvarez, su asesora en la Moncloa, y que se juzgará con un jurado popular.

La esposa del presidente del Gobierno “ha renunciado a acudir a la sede judicial”, según fuentes de la Moncloa, que precisan que asistir presencialmente es “un derecho a ser informado directamente”. “No acudir no influye en el procedimiento”, valoran. “Los abogados van a estar”, añaden.

Su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, ha acudido 15 minutos antes de las seis de la tarde al juzgado de Plaza de Castilla, sin hacer declaraciones. Tampoco han acudido el resto de investigados: ni la asesora Álvarez, ni el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín. Ambos han delegado su representación en sus abogados.

Este viernes, en un nuevo auto al que ha tenido acceso EL PAÍS, el magistrado mantenía la citación de los investigados “debiendo comparecer asistidos de sus respectivas defensas”. La decisión de Gómez de no acudir está amparada en una circular de la Fiscalía, la 4/1995, de 29 de diciembre, sobre el proceso ante el Tribunal del Jurado: las actuaciones en el Juzgado de Instrucción.

En ese documento se especifica que en la comparecencia “tan solo se van a concretar los términos de tal imputación y siempre ante la presencia de su letrado”. Y, por tanto: “La presencia del imputado no es indispensable. En la comparecencia, como se verá enseguida, no se practican diligencias de instrucción y, por tanto, tampoco la declaración del imputado”.

Este sábado era la quinta vez que Gómez estaba citada para comparecer en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid, desde que este magistrado comenzó a investigar a la esposa del presidente, en abril de 2024, tras una denuncia del sindicato Manos Limpias, vinculado a la ultraderecha. A la misma hora también habían sido convocados la asesora Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que ocupó el cargo de secretario general de Presidencia de 2021 a 2023, del que depende la asistente de la esposa de Sánchez.

El trámite de este sábado comienza con la intervención del fiscal, luego hablarán las acusaciones, y finalmente el letrado del imputado, que puede pedir el sobreseimiento. Las partes pueden solicitar las diligencias de investigación que consideren. La decisión final que adopte el magistrado Peinado en una próxima resolución, tanto si prosigue la causa como si la archiva, se puede recurrir ante la Audiencia Provincial. Peinado, que trabaja en funciones de guardia, cumple hoy 71 años. Se jubilará en septiembre de 2026, cuando cumpla los 72, que es la edad máxima permitida para ejercer en la carrera judicial en España.

La organización ultracatólica Hazte Oír, que coordina a las acusaciones populares, ha reunido a unas 100 personas en las inmediaciones en una concentración bajo el lema “No al corrupto”. Por la zona también ha circulado un camión pequeño con una pantalla incrustada de gran tamaño en la que se ven imágenes de la esposa del presidente bajo el rótulo “pentaimputada”.

El magistrado Peinado cree que hay indicios de delito en las funciones que hizo la asesora de Gómez porque, a través de mensajes de correo electrónico, habría ayudado a la esposa de Sánchez con sus actividades privadas en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Es decir, en su horario laboral habría enviado estos correos con informaciones sobre su actividad privada en la universidad.

Este procedimiento está separado de la causa principal contra Gómez, en la que Peinado investiga también otros cuatro delitos: corrupción en los negocios, intrusismo, tráfico de influencias y apropiación indebida.

Este viernes, el juez Peinado concretó en un nuevo auto “varias diligencias” que todavía quedan pendientes en esta causa, entre ellas la recepción de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los correos electrónicos aportados por Juan Carlos Doadrio, quien fuera vicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, donde trabajaba Gómez, que codirigió en la universidad madrileña una cátedra extraordinaria por la que no recibió remuneración y dirigió dos másteres por los que cobró 15.000 euros anuales. Ninguna de las partes han tenido acceso a estos correos, que son el principal indicio de la supuesta malversación.

¿Qué dice la esposa de Sánchez? Gómez aseguró ante el juez Peinado el pasado 10 de septiembre que alguna vez pidió como “un favor” pequeñas gestiones personales a su asesora.

Desde que Peinado abrió la parte principal de esta causa en abril de 2024 para investigar la relación profesional de Begoña Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés y la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la expansiva actuación del juez ha sido muy cuestionada. Ha cometido excesos corregidos ya por todas las instancias superiores.

Y no solo de las defensas y de la Fiscalía, que le han achacado reiteradamente una falta de argumentación para justificar sus decisiones. También de las acusaciones populares, que le tuvieron que llegar a solicitar, incluso, que argumentara más una imputación para que no se la tumbará después la Audiencia Provincial de Madrid.

En el caso de la investigación por malversación −que es una pieza separada− se abrió el 10 de marzo de este año. Y, de hecho, y durante los primeros meses, tanto la esposa del presidente Sánchez como su asesora no estuvieron en la diana de Peinado por este delito.

El juez apuntó a la Moncloa y, ese mismo 10 de marzo, señaló hacia Félix Bolaños, actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; que había sido secretario general de Presidencia cuando se designó a Álvarez como asesora. El instructor acudió en abril a la Moncloa a interrogar como testigo al integrante del Ejecutivo, que está aforado y solo puede ser imputado por el Tribunal Supremo. En esta cita, que se produjo en plena Semana Santa, Bolaños manifestó que no participó en la contratación de la asistente de la esposa de Pedro Sánchez. Después, Bolaños presentó ante el Consejo General del Poder Judicial dos quejas formales. Estas denuncias no son judiciales en sentido penal, sino escritos de queja por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Las quejas aún se están investigando.

A finales de junio, Peinado pidió al Supremo que imputara al ministro. “Ha podido participar directamente en el nombramiento de la persona de Cristina Álvarez como personal eventual y ha conocido, o no ha controlado, las tareas llevadas a cabo por la misma”, escribió el juez en la exposición que envió al alto tribunal, donde le achacaba la malversación —además de un delito de falso testimonio por supuestamente haberle mentido cuando lo interrogó como testigo—.

Sin embargo, sus aspiraciones se frustraron en solo tres semanas. La máxima instancia judicial le contestó tajante: “No hay el más mínimo respaldo indiciario” para imputar a Bolaños.

Peinado también dirigió la mirada hacia el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, al que sí podía imputar y que había sucedido a Bolaños en 2021 en la secretaría general de Presidencia —puesto que ocupó hasta 2023, cuando fue nombrado delegado del Gobierno en Madrid.

Reacción del Gobierno

Los autos de Peinado siempre han provocado la reacción inmediata del Gobierno. Este último, el de que un jurado popular juzgara el delito de malversación en el caso en el que finalmente se juzgue. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, calificó la decisión de “surrealista”. Y el ministro de Justicia, en los pasillos del Congreso de los Diputados, afirmó: “El sistema español es garantista y confiamos en que un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio”.