Los conflictos con el medio ambiente

La llegada al Gobierno de la nación del PP ha agudizado varios proyectos medioambientales que llevaban tiempo encallados en la comunidad. Hacemos un repaso a la agenda verde de los candidatos en estas Elecciones Andaluzas.

La polémica carretera de Doñana. La propuesta del Partido Popular de resucitar el proyecto de una carretera entre Huelva y Cádiz a través del parque nacional de Doñana ha provocado una enorme contestación social y una agria controversia política. La organización Ecologistas en Acción ha advertido que esta vía convertiría a Doñana en "un zoológico de grandes dimensiones" mientras que la Junta de Andalucía considera como "descabellado y especulativo" el proyecto.

Desde el PP se defiende que la carretera "no tocará ni un metro cuadrado de Doñana" y se convertirá en un revulsivo para el corredor turístico desde la Costa de la Luz hasta la Costa del Sol. El proyecto contempla un ahorro de 45 minutos de tiempo en el trayecto entre ambas ciudades, ya que se evitará pasar por Sevilla. Sin embargo, desde la Consejería de Medio Ambiente se rechaza de plano el trazado al entender que supondría la fragmentación del territorio de Doñana y su afección a especies emblemáticas y amenazadas de extinción como el lince ibérico y a ecosistemas frágiles seria más que evidente. Ni el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía ni el del entorno del ámbito de Doñana contemplan la conexión Huelva-Cádiz.

Modificación de la Ley de Costas y Algarrobico. Según el Observatorio de Sostenibilidad, desde 1997 a 2007 se perdieron, como consecuencia de la edificación masiva en el litoral, más de 10.000 hectáreas de suelo. El PP ha propuesto ahora modificar la Ley de Costas de 1988, una iniciativa que ha inquietado a la Junta de Andalucía y a otros políticos que lo ven como un retroceso histórico. Los populares defienden la modificación de consideración de bienes de dominio público marítimo terrestre en los 800 kilómetros de litoral andaluz para hacer compatible proteger las costas con el crecimiento económico y con los derechos de los propietarios en estas zonas. También considera prioritaria la modificación para garantizar la estabilidad de los chiringuitos, un sector que da empleo a 40.000 personas.

Pero el consejero de Medio Ambiente, Juan José Díaz Trillo, ha admitido su temor por la "tentación de devaluar" ese espacio por parte del Ejecutivo central. La Junta cree más necesario empezar a dar salida a las numerosas viviendas vacías que tiene el litoral en la costa andaluza antes que "abundar todavía más en la construcción en lugares de riesgo". Desde Izquierda Unida se apunta que el Gobierno "quiere dar una vuelta de tuerca para garantizar el uso privado del dominio público, poniendo por delante el interés privado al interés general y el bien público".

Y parece que la modificación de la Ley de Costas puede determinar también el futuro del controvertido hotel de El Algarrobico. De momento, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha señalado que será más fácil ejecutar la sentencia de demolición si hay un cambio político el 25-M. El Algarrobico entra, pues, en campaña electoral en las vísperas de que el Tribunal Supremo decida sobre si cumple o no la actual legislación sobre Costas.

Un Guadalquivir de ida y vuelta. El pasado mes de octubre el Estado recuperó el 100% de las competencias y de los medios humanos y materiales sobre el Guadalquivir, el río andaluz por excelencia. La Junta, que venía asumiendo el control de la cuenca desde el 1 de enero de 2009, perdió las competencias al no encontrar las dos Administraciones una salida legal para que Andalucía pudiera asumir la gestión dentro del encaje de la sentencia del Tribunal Constitucional. Ahora, la vista está puesta en el artículo 150.2 de la Constitución y en la proposición de Ley Orgánica que Andalucía quiere que apruebe el nuevo Gobierno central del PP para que se deleguen, otra vez, todas las competencias de la cuenca.

Pendiente también del informe del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente se encuentra el proyecto del dragado sobre el estuario del Guadalquivir. Los informes que se han emitido hasta el momento, incluso los encargados por la propia Autoridad Portuaria de Sevilla, han resultado desfavorables al proyecto, al igual que la Consejería de Medio Ambiente o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, organismo dependiente del propio Ministerio. Los regantes han advertido que el dragado se puede convertir en un grave obstáculo para todo el regadío del Guadalquivir y una amenaza para la supervivencia del arrozal.

El parón de las renovables. La decisión del Gobierno de la nación de paralizar las primas para las nuevas centrales de energías renovables ha dejado en el aire el futuro de numerosos proyectos en la comunidad. Al Gobierno andaluz le preocupa especialmente el impacto a la cohesión territorial, pues el decreto aprobado el pasado 27 de enero va a afectar a 127 pueblos andaluces que tenían comprometidas inversiones en 264 instalaciones de energías renovables con una inversión superior a los 14.700 millones y más de 51.000 empleos. Entre los sectores más perjudicados está el agrícola, que había apostado por las energías renovables para diversificar la rentabilidad de sus explotaciones. Desde la Junta se acusa al Ministerio de Industria, Energía y Turismo de "ceder a la presión de determinados lobbies con la justificación de reducir el déficit público".

El futuro de Las Aletas. En octubre de 2009, el Tribunal Supremo anuló el acuerdo de Consejo de Ministros para reservar 287 hectáreas de las marismas de Puerto Real (Cádiz) para construir el polígono industrial de Las Aletas, que iba a ser uno de los mayores de España. El Supremo, que estimó un recurso de la organización ecologista Adena, consideró que esa reserva de suelo incumplía la Ley de Costas. Un año y medio después las máquinas volvieron a Las Aletas después de que el consorcio presentara un nuevo plan urbanístico capaz de sacar adelante el proyecto para la construcción del tercer parque logístico y empresarial de Andalucía

Sin embargo, los nubarrones han vuelto a instalarse sobre Las Aletas, sobre todo después de conocerse un informe en el que la dirección general de Costas desaconseja el proyecto industrial. Mientras el Gobierno del PP inquieta sobre el futuro del polígono, los agentes sociales le urgen a acelerar un proyecto estratégico vital para el desarrollo económico y para el empleo de la Bahía de Cádiz y el conjunto de la provincia.