Andalucía devuelve el Guadalquivir

La gestión andaluza del Guadalquivir ha durado dos años y 10 meses. La Junta de Andalucía devolverá todas las competencias sobre la cuenca al Estado. La sentencia del Tribunal Constitucional de marzo por la que se anuló el artículo del Estatuto que permitió el traspaso de todas las competencias a la Junta en 2009 ha sido determinante. Las dos Administraciones solo han encontrado una salida: que el Estado recupere el 100% de las competencias y vuelva a asumir toda la gestión de la cuenca. El Consejo de Ministros de hoy ha aprobado el decreto de reversión, que se va a "empezar a aplicar ya", según ha señalado el ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco.

Tras la sentencia del Constitucional, la Junta y el Estado aprobaron una encomienda de gestión transitoria por la que Andalucía seguía manteniendo la gestión de las competencias mientras los dos Gobiernos buscaban una salida legal. La encomienda tenía un plazo de seis meses, en los que las dos Administraciones tenían previsto cerrar un acuerdo que permitiera cumplir con el fallo del Constitucional y con las aspiraciones de Andalucía, que quería seguir teniendo un papel predominante en la gestión de la cuenca. La prórroga caducó hace 15 días, y la Junta y el Gobierno se dieron otras dos semanas para intentar encontrar la salida. Esa prórroga se ha terminado hoy sin acuerdo, por lo que, según ha señalado esta mañana Mar Moreno, consejera de la Presidencia, Andalucía devolverá el 100% de las competencias al Estado. Según Moreno, el Gobierno central no ha encontrado suficiente respaldo legal para poder traspasar a través de una encomienda los medios materiales y los trabajadores necesarios.

La Junta y el Ministerio de Medio Ambiente cerraron en la comisión bilateral del pasado 16 de septiembre un preacuerdo. La idea era que, gracias a la rápida reforma de la Ley de Aguas estatal que realizó en verano el Ministerio de Medio Ambiente, Andalucía se encargaría de las labores de policía hidráulica. El plan era que en el decreto de encomienda por el que se traspasarían esas tareas de policía de aguas, se cedería la gestión de otras funciones como el control de embalses y las autorizaciones y cánones asociados. Sin embargo, la Abogacía del Estado no ha encontrado un respaldo legal para realizar este traspaso.

Al no lograr cumplir con todo el acuerdo del 16 de septiembre, la Junta ha renunciado también a ejercer las labores de policía de aguas, según ha indicado la consejera de la Presidencia. "Nosotros queríamos un ejercicio pacífico de las competencias", ha señalado Moreno: "No queríamos ningún pleito".

La Junta pone ahora su mirada en el artículo 150.2 de la Constitución, que permite al Estado la delegación de competencias. Sin embargo, esta reivindicación, que requiere de una ley orgánica, la tendrá que decidir el próximo Congreso de los Diputados que salga el 20-N.