Cae una red que vendía contratos falsos a cambio de trabajo y residencia

Agentes de la Policía Nacional de Castellón han detenido a 22 personas acusadas de un delito de falsificación de documentos, estafa e inmigración clandestina y de un delito contra los derechos de los trabajadores. La operación ha permitido desarticular un grupo que vendía ofertas de empleo y contratos de trabajo fraudulentos para obtener autorizaciones de residencia y trabajo en España.

Según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado, las detenciones se han producido como consecuencia de las investigaciones realizadas por agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras-Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales en el marco de la operación denominada Toga.

En 2010, los agentes tuvieron conocimiento de que un grupo de personas extranjeras, principalmente originarias de Marruecos y Rumaníaa, venían solicitando desde el año 2006 autorización para residir y trabajar en España, aportando para ello ofertas de empleo y contratos de trabajo que habían obtenido de una gestoría ubicada en la avenida de Casalduch de Castellón.

Para obtener estas ofertas de empleo o contratos de trabajo, los ciudadanos extranjeros debían pagar cantidades que oscilaban entre los 400 y los 3.000 euros. La Policía Nacional averiguó que la gestoría había tramitado solicitudes de autorización de residencia y trabajo referidas a 417 empresas de la provincia de Castellón, que fueron investigadas. En total, se presentaron un total de 5.016 solicitudes.

Tras la toma de declaración a 250 ciudadanos extranjeros a cuyo favor se realizaron ofertas de empleo o contratos de trabajo presuntamente fraudulentos, los agentes averiguaron que éstas eran propuestas a los inmigrantes en sus países de origen con apariencia de legalidad o a extranjeros que se hallaban en el interior del país irregularmente o solamente con autorización de residencia.

Un millón de euros de botín

Las ofertas se obtenían siempre a través de la mencionada gestoría, no contactando nunca los extranjeros con los empresarios directamente y el precio oscilaba entre los 400 y los 3.000 euros en concepto de gastos de tramitación de las solicitudes, pago de las ofertas y de la cuota que el empresario debía satisfacer a la Seguridad Social por la supuesta alta del trabajador. Se estima que la gestoría podría haber ingresado una cantidad superior al millón de euros.

Tras las gestiones pertinentes, se produjo la detención de 22 personas, 19 de las cuales eran responsables de las empresas investigadas y de nacionalidad rumana, uno de nacionalidad marroquí y ejercía el papel de captador y dos españoles, responsables de la gestoría.

Las diligencias policiales han sido remitidas junto a los detenidos y las pruebas al Juzgado de Instrucción de Guardia de la ciudad.