La juez del 'caso Polop' investiga la vida laboral del testigo protegido

La juez que instruye el caso Polop, relativo al asesinato del exalcalde de la localidad, Alejandro Ponsoda, en octubre de 2007 ha decidido investigar ahora “la actividad laboral” del testigo protegido “durante el año 2007, especialmente en los meses de verano”. Sobre la declaración de este testigo se basa la incriminación de las siete personas que fueron encarceladas en noviembre de 2009 y que continúan imputadas como autores del crimen.

En una providencia dictada el pasado 27 de enero, la magistrada libró oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que indague el pasado laboral del testigo después de que su juzgado recibiera el sumario de otra investigación de la policía ese mismo año en Dénia, llamada Operación Músculos, en el que el testigo protegido apareció en multitud de conversaciones telefónicas del principal investigado de aquel caso.

De las transcripciones policiales del pinchazo telefónico al cabecilla de una red de tráfico de drogas y productos anabolizantes en Dénia entre el 11 de junio y el 18 de septiembre de 2007 se deriva que el testigo protegido le dijo a su interlocutor: “Ya sabes que este es mi único trabajo”. Tras su detención, declaró a la policía que trabajaba de “portero de seguridad en discotecas y de monitor de gimnasio”. Los investigadores concluyeron que “durante el mes de agosto [de 2007] se puede apreciar que ambos están recaudando entre las personas a las que les suministran productos anabolizantes y otras personas con las que se relacionan en sus actividades ilícitas”.

El portero declaró a la magistrada que trabajaba en el club y  le llegaron a ofrecer matar al regidor

Sin embargo, el testigo protegido declaró voluntariamente a la UCO y la juez del caso Polop que en agosto de 2007 estaba trabajando de portero en el club Mesalina, que en un reservado del lupanar le ofrecieron matar a Ponsoda y que allí estaban el sucesor del regidor, Juan Cano, el dueño y el gerente del club y un empresario del calzado de Polop. Tras negarse, él mismo facilitó los nombres de quienes podrían realizar el encargo: un ciudadano español y dos de nacionalidad checa. Las siete personas fueron detenidas y encarceladas, pero ninguna de ellas ha reconocido su participación, la UCO no ha conseguido pruebas definitivas y prácticamente toda la acusación se basa en la declaración de un testigo con una larga huella delincuencial en diferentes ciudades españolas que reconoció haber matado por encargo de guerrillas y gobiernos en África.

En la Operación Músculos, que coincide en el tiempo con la declaración del testigo protegido, no se cita el Mesalina y el propio testigo no aparece en ningún momento en el lugar donde luego dijo que se tramó el asesinato de Ponsoda. Al contrario, sus conversaciones de madrugada lo ubican en otros locales de ocio de Benidorm y de las grabaciones no se deduce que tuviera ninguna actividad laboral.

El juzgado de La Vila también ha solicitado información sobre la correspondencia recibida en la cárcel por Raúl Montero Trevejo entre noviembre de 2009 y mayo de 2010 para identificar al remitente de una carta que podría tener conocimiento de los hechos. Este imputado es el único de los siete que sigue en la cárcel, pero cumpliendo seis años por otra causa de tráfico de drogas. La juez también ha pedido a la UCO que investigue los delitos por los que Ariel Gatto, gerente el Mesalina en 2007, estuvo ingresado en prisión en Italia.

Hasta cinco abogados del caso han solicitado que el testigo protegido pase a tener la condición de imputado, ya que de su declaración se deriva que pudo haber sido colaborador necesario, por cuanto facilitó los nombres de los acusados de la autoría material de los disparos y no hizo nada por evitar un asesinato del que tenía conocimiento. La juez se ha negado en todos los casos, pero cuatro de ellos han recurrido a la Audiencia Provincial de Alicante.

El caso Polop está en vía muerta. Sobreseída la causa urbanística que fue utilizada por la UCO como móvil del crimen, la juez sobreseyó la imputación de los tres autores materiales, que luego revocó la Audiencia. Este tribunal debe fallar también la petición de archivo para los otros cuatro acusados de la autoría intelectual, también solicitada por sus abogados.