La expresidenta de Invercaria ve motivos políticos tras las cintas grabadas

La expresidenta de la empresa pública Invercaria de inversión y capital riesgo de la Junta, Laura Gómiz, estima que la denuncia contra ella por despido nulo y acoso laboral es un montaje para beneficiar al PP durante la campaña electoral. El exdirectivo Cristóbal Cantos la demandó y el pasado viernes se celebró la vista por el caso en el Juzgado de lo Social 2 de Sevilla. Ayer Gómiz consideró, en una entrevista con la Cadena SER, que las grabaciones aportadas por Cantos, obtenidas con un dispositivo oculto, tenían como objetivo influir en las elecciones autonómicas en beneficio del PP. La ejecutiva denunció que las conversaciones están manipuladas, tal y como estableció un perito. “Este trabajador pretendía irrumpir en la campaña. Me han vapuleado y linchado (...) Si esta manipulación es una forma de ganar las elecciones, me horrorizo”, alegó.

 En las grabaciones, Gómiz afirma frases tan insólitas como esta: “Si me comprometiera con la ética no estaría trabajando en esta organización”. Sus respuestas revelaron una falta de procedimiento de la sociedad pública que ya denunció anteriormente la Cámara de Cuentas en un informe. Gómiz se autodenominó ayer como “un daño colateral” de una estrategia de intereses políticos con el PP como verdugo y la Junta como víctima.

La expresidenta de Invercaria tildó a Cantos como un “instrumento” de los populares y se reconoció en la grabación pero aseguró que sus frases no transmiten lo que quería decir: “Es mi voz pero para nada mis pensamientos”, afirmó.

Laura Gómiz asegura que dimitió para proteger del escándalo a la sociedad dependiente de la Consejería de Economía, y así poder “evitar el daño” que temía que la polémica pudiera ocasionar. Además, la expresidenta de Invercaria negó que ordenara la realización de informes falsos a Cantos. En el juicio por acoso laboral la fiscalía solicitó que se desestime la demanda presentada por Cantos.