Ante la crisis, metamorfosis
Los problemas económicos obligan a reorganizar la vida y el funcionamiento de Ayuntamientos, empresas y familias
![Juana Viúdez](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F86c21dc8-03d2-4f68-8ba6-32282a8f966b.jpg?auth=20cf1bc08fbf7436f6f063211baed340396449329079565130eb22ee89343b2b&width=100&height=100&smart=true)
Todo ha ido cayendo como piezas de un dominó. Primero las empresas reducen personal o cierran, después las familias pierden su calidad de vida y los Ayuntamientos se ven sin recursos para atender tantas peticiones de ayuda. Las penurias económicas derivadas de la crisis han cambiado sustancialmente la vida empresarial, familiar y municipal de Andalucía en los últimos cuatro años y han obligado a muchos a reinventarse para seguir viviendo.
Los Ayuntamientos cada vez ingresan menos impuestos y no tienen fondos para sostener plantillas desorbitadas, ni atender a sus proveedores. Entre 2009 y finales de 2010 estas Administraciones rompieron el ritmo de endeudamiento y frenaron un 1% su deuda viva. De 4.569 millones pasaron a 4.527, según datos del Ministerio de Hacienda. Los cortes de suministros por falta de pago y las protestas de los empleados forman parte del paisaje de muchos municipios.
Francisco Toscano, presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, insiste en la necesidad de hacer un esfuerzo de adaptación por parte de todas las Administraciones. “A unos les está cogiendo mejor que a otros y quienes tienen unos municipios más saneados están sufriendo menos”, precisa. Entre las más perjudicadas están, según Toscano, las localidades que han padecido “muchos cambios de gobierno”, como las gaditanas de Los Barrios o Jerez de la Frontera. El representante municipal, también alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), cree que se debe dar un “tratamiento específico” a los municipios en quiebra.
Los municipios apuestan por ir homogeneizando salarios y plantillas
Toscano incide en que en los últimos años se le ha prestado mucha atención a los problemas de las comunidades y que los ayuntamientos han quedado en segundo término. “Deberían definirse los servicios de forma acorde a las competencias, pero esta asignatura se ha ido postergando”, recuerda. Ante las plantillas desmesuradas y la diferencia de sueldos entre localidades, apuesta por armonizar los salarios, igual que se ha hecho con las propuestas para los sueldos de los alcaldes. “La salida ahora no es echar a los trabajadores a la calle sino más bien ajustarse”.
Organizaciones como Cáritas han doblado el número de atenciones entre 2007 y 2010. “Se han disparado en toda España”, precisan. Recurren a ellos parados que han pasado de “desempleados recientes” a desocupados de larga duración. “Si la crisis comenzó golpeando con mayor intensidad sobre los empleos de baja cualificación de los sectores de la construcción, la industria y del sector servicios, ahora está afectando cada vez más a personas más formadas, con estudios y amplia experiencia laboral”, explican.
La Junta no ha notado aún un cambio significativo en el perfil de las personas que solicitan el salario social, ayuda a la que se recurre cuando se han agotado todas las prestaciones. De 48.000 personas atendidas en 2008 se ha pasado a 95.900 en 2011. “El presupuesto se incrementó en 2009 y desde entonces se ha mantenido”, asegura Ana Gómez, directora general de Servicios Sociales de la Junta.
Los parados recurren primero a la familia, después a la economía sumergida, según datos de Cáritas
En Andalucía, la tasa de pobreza relativa ha pasado de 28,9 a 30,1 entre 2008 y 2010, de forma que la región se sitúa 10 puntos por encima de la media española. En 2011, un 47,8% de los andaluces tuvo problemas para afrontar gastos imprevistos y un 9,4% reconoció haberse retrasado en los pagos relacionados con su vivienda, según datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística.
Según un informe de Cáritas, elaborado con datos de 2010, quienes atraviesan penurias económicas recurren primero a la familia, después a trabajar en actividades de economía sumergida y en tercer lugar, a las organizaciones sociales. El recurso a los servicios sociales públicos y el apoyo en redes comunitarias, como los vecinos, se relegan al cuarto y quinto lugar.
La CEA cree que las microempresas deberían agruparse para tener más personal y ser más fuertes
En las empresas, el ritmo de destrucción se ha frenado considerablemente en 2011, con un saldo negativo de 6.639 entidades. “Hasta 2007, el tejido empresarial andaluz tuvo una buena evolución, con más de 500.000 empresas activas, pero en 2008 se quebró este panorama y ahora estamos entre 350.000 y 370.000”, explica Manuel Ángel Martín, presidente de la Comisión de Economía y Financiación de Pymes de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).
Para recuperar el tono económico, Martín apuesta por la creación de empresas más grandes y con más trabajadores, algo que se podría conseguir con la fusión de entidades más pequeñas, y el desarrollo de sectores no afectados por la crisis. “Nos faltan empresas industriales, hay cierto desequilibrio sectorial”, considera.
La Central de Balances de Andalucía, que elabora sus estudios con las cuentas públicas de las empresas y forma parte de la estadística oficial de la región, incide en que el sector servicios está siendo el más rentable, mientras que en el industrial están las entidades líderes.
En la calle y sin cobrar 12.000 euros en pagarés
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Estaban “bien”, como una familia de clase media. Tenían vivienda en propiedad y compraron otra aprovechando el boom inmobiliario y pensando en el futuro de sus tres hijos. La principal fuente de ingresos la aportaba el padre, Miguel Ángel Navarro, de 47 años. La madre, Isabel Félix, también estaba empleada. Ahora, los cinco miembros de esta familia de Campohermoso (Níjar) aguantan con los 400 euros de la media jornada que trabaja Isabel y con la pensión de Ángeles Belmonte, la abuela paterna, de 76 años.
La familia de Miguel Ángel comenzó a perderlo todo de forma progresiva en 2007. Al cabeza de familia comenzaron a denegarle los pagarés que presentaba en su entidad financiera, pero se los cobraban de su cuenta. Alguien tenía que pagarlos. Es camionero desde hace 35 años y tuvo que vender su herramienta de trabajo, un vehículo valorado en 130.000 euros. Con ese dinero hizo frente a esos pagos que dejaron de abonarle las empresas en las que estuvo trabajando cuando la crisis económica comenzó a hacer efecto. El banco llegó a exigirle que desembolsara 70.000 euros en 15 días. Cuando le quedaban 1.987 euros por entregar le catalogaron como moroso y se quedó sin poder solicitar crédito en ningún otro banco.
Además del camión, Miguel Ángel tuvo que vender su casa y tiene embargada la segunda que compró. Hace un año inició una campaña para denunciar las injusticias de la Ley Cambiaria y del Cheque, que reguló en 1985 el sistema de cobro de los pagarés que le ha llevado a la ruina.
El camionero sin camión, tal y como le conocen, ha denunciado numerosas veces su situación en Almería y en Madrid, solo o en compañía de familiares, sobre todo de Ángeles, su madre. La mujer le avaló para que pudiera continuar con sus negocios y fue desahuciada el pasado diciembre de su casa, un dúplex de 120 metros cuadrados. Ángeles estuvo acampada frente a la vivienda como medida de protesta. Cansada de tener su hogar tan cerca y no poder disfrutarlo, ha terminado ocupándolo.
Para hacer visible su problema Miguel Ángel ha hecho de todo. Se ha puesto en pañales frente a los juzgados, se subió varias horas a una grúa abandonada e hizo campaña ante la puerta de la Seguridad Social para convencer a los almerienses de que no se hagan autónomos porque “el actual sistema de cobro les puede dejar sin nada”. “Nos han arruinado a los autónomos y después, a los asalariados”, considera el almeriense. El camionero sin camión lucha para que se modifique el artículo 57 de la Ley Cambiaria y del Cheque que recoge el sistema de cobro de los pagarés. Reclama que se establezca un orden para actuar contra las personas obligadas por una letra de cambio. La normativa actual da libertad para proceder contra cualquiera de ellas.
Mientras tanto, el futuro se presenta oscuro. Busca trabajo desde hace más de dos años y no lo encuentra. No percibe subsidio. Uno de sus hijos, en edad adolescente, está dispuesto a trabajar, pero tampoco tiene suerte. Lo más curioso es que Miguel Ángel tiene 12.000 euros de pagarés en el bolsillo y no los puede cobrar.
Las ausencias de Barbate
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En 300 casas de Barbate todos los meses falta algo. Debería llegar el dinero. Pero no llega. No falta el trabajo. Falta un salario. El Ayuntamiento de esta localidad gaditana tiene 314 empleados y necesita unos 400.000 euros cada mes para pagar las nóminas de todos ellos. Desde hace dos años arrastra continuos atrasos, agravados en esta última etapa. Ahora mismo les deben cuatro sueldos. Y esas ausencias duelen. Porque tienen consecuencias. Embargos, regresos a las casas de los padres, deudas, huchas vacías. Las protestas están aparcadas, de momento. El alcalde, el socialista Rafael Quirós, les ha pedido un margen para encontrar el dinero.
Roque Vázquez, trabajador municipal con larga trayectoria en el Ayuntamiento y delegado sindical de CC OO, no estaba de acuerdo con parar las movilizaciones. “Yo creía que había que seguir presionando porque de las promesas incumplidas ya estamos cansados”. Pero la mayoría de compañeros votó a favor de darle espacio al alcalde. Semanas antes habían parado la actividad, se habían concentrado a las puertas del Consistorio, habían organizado encierros y se habían movilizado por las calles del municipio. Han conseguido que su situación se conozca. Pero no les ha ayudado a cobrar. Al menos, no de momento.
El alcalde siempre explica que dedica gran parte de su tiempo a buscar dinero para pagar a sus trabajadores. Ahora ha conseguido el anticipo de los recibos de los impuestos locales que va a entregar la Diputación. Espera un nuevo contrato de la empresa de aguas y está negociando con varias empresas eólicas. “Él dice que ese dinero va a valer para pagarnos lo que nos deben y por eso nos pidió 15 días de margen”. El plazo expira esta semana.
Pero, aunque cobren, el problema continuará. Porque todo el dinero que entre servirá para pagar lo atrasado pero cada mes se necesitarán otros 400.000 euros. En otros municipios vecinos como Los Barrios, se ha despedido personal. “El alcalde nos ha dicho que debemos estar tranquilos. Que no habrá recorte de plantilla”, dice Vázquez. Pero en su tono se mantiene la desconfianza. "Aquí sabemos que hay que hacer algo. Cuando cobremos, nos sentaremos y veremos qué solución se puede dar a esto".
En Barbate pesan los meses de vacío en las cuentas. Lo cuenta Roque Vázquez mientras repasa las historias de sus compañeros. Unos han tenido que dejar sus casas para volver con sus padres. Otros han tenido que recurrir a las ayudas sociales. Algunos han tenido que agotar sus ahorros, los que acumularon tras años de trabajo. Entonces creían que tener plaza en un Ayuntamiento era un empleo seguro y para siempre.
Ocho meses acampados por un empleo
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“Aquí nos va a entrar una depresión”. Luis López, de 51 años, y su hijo Agustín, de 27, personalizan el drama familiar por partida doble por la crisis de la cárnica Primayor. Ambos forman parte del colectivo de 145 extrabajadores que llevan ocho meses acampados junto a la Delegación del Gobierno andaluz en Jaén para exigir a la Junta que cumpla su compromiso de recolocación en otras empresas.
Luis entró con 14 años en la antigua cárnica Molina, el primer embrión de Primayor, y hasta ahora no había conocido el paro. Tras finalizar un curso de formación de la Junta, por el que percibía 680 euros mensuales, sus únicos ingresos ahora son los 426 euros del subsidio de desempleo. Y ese es el único dinero que entra ahora en su casa, porque a su hijo se le acabó en febrero la prestación. “Es una situación muy angustiosa, que genera mucha tensión y ansiedad en toda la familia”, comenta Luis, que está casado y tiene otra hija de 17 años que está estudiando. “Nos tiene que ayudar mi madre que tiene una pensión de viudedad, pero llegará el momento en que no pueda hacerlo”, expone este parado durante uno de los turnos que hacen los exempleados para mantener vivo el campamento en pleno centro urbano de Jaén.
Desde 2008 llevan esperando a que el Gobierno andaluz cumpla su compromiso de recolocación en otras empresas después de una larga travesía desde que la antigua Cárnicas Molina entrara en crisis en la década de los noventa. Tras el fiasco de Dhul, que tras el concurso de acreedores de Nueva Rumasa paró la fábrica que construía en Jaén y donde se iba a recolocar la mitad de la plantilla, y la ausencia de noticias de Proasego, donde iban a ir la otra mitad, los ex empleados de Primayor solo han recibido hasta ahora el compromiso de la empresa Fast-Trading que va a construir una planta de pan ultracongelado en el parque tecnológico del aceite, en Mengíbar (Jaén). La empresa seleccionará a 45 empleados para un curso de formación pero solo recolocará a 25 de ellos. “No sabemos qué hacer, si optar por esta empresa o perder el tren de otros futuros proyectos”, comenta Agustín, que también echó los dientes en la industria cárnica y ahora está desesperado porque todos los currículos que entrega en otras empresas no dan resultado alguno. Su situación económica le ha llevado incluso a vender su coche. Y, por supuesto, ni sueña con independizarse de sus padres.
Los exempleados creen que han sido utilizados políticamente y ni siquiera piensan que un cambio electoral les cambie la suerte.
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