"Es ilógico que un juez vea en sus ratos libres los casos importantes"

El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón (Badajoz, 1959) recibe a EL PAÍS en su despacho de la Real Chancillería de Granada tras participar en un coloquio en la Facultad de Derecho sobre el acoso moral en el trabajo. "Me preocupa enormemente que, por la crisis, los jóvenes acepten como normales situaciones laborales indignas", afirma. García Calderón critica el "cuestionamiento sistemático" del ministerio público y de los jueces al mismo tiempo que reclama "el derecho de los ciudadanos a comprender" las resoluciones judiciales. "El uso correcto del lenguaje en los tribunales debería ser una cuestión de Estado", afirma. El jefe de los fiscales andaluces se mueve entre dos tensiones. Una es la prudencia institucional, que le impide hablar de la posición de la Fiscalía ante el fin de ETA, las reformas judiciales que plantea el ministro Gallardón, la decisión de la Junta de amnistiar decenas de miles de casas ilegales o los ERE fraudulentos. La otra es el gusto por hablar claro cuando cree que puede hacerlo. Ahí se intuye quizá su vocación de poeta, avalada por 10 libros. La entrevista se celebró el pasado martes a la misma hora que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) expulsaba de la carrera al exjuez marbellí Francisco de Urquía tras su condena firme por cohecho y prevaricación en un caso en el que García Calderón actuó como acusador.

Pregunta. Jueces, políticos, empleados públicos, empresarios, miembros de la Casa Real... ¿hay algún estamento que se libre de la corrupción?

Nunca he sido presionado en los procesos que he llevado. Es la verdad

Respuesta. No resulta fácil medir la corrupción. El problema es que permanezca oculta y no dé lugar a la exigencia de una responsabilidad. Es muy preocupante el número de asuntos de corrupción vinculados a la Administración pública que han aflorado y es algo que nos debe llevar a una reflexión profunda y rigurosa.

P. En la corrupción, la justicia siempre llega cuando es demasiado tarde. ¿Por qué esa lentitud?

R. Descubrir los casos de corrupción no compete a los jueces el problema judicial empieza cuando el caso es descubierto y se pone a disposición de los tribunales. Hay que extremar los controles previos de intervención pública y crear cuerpos policiales especializados al servicio de la fiscalía y los tribunales, que colaboren con funcionarios de Hacienda y expertos en contratación y que busquen los posibles delitos en las conductas sospechosas.

P. ¿Existe algún dique que impide que se conozcan más casos de comportamiento deshonesto?

R.Hay una confluencia de magnitudes: la descoordinación institucional, la falta de una legislación administrativa adecuada, la falta de medios técnicos y humanos y también la falta de una conciencia social acerca de lo vital que es combatir cualquier forma de corrupción. El Código Penal tiene respuestas suficientes para combatir la corrupción. El problema está en la legislación procesal —la Ley de Enjuiciamiento Criminal—, que es del siglo XIX.

P. ¿Qué aspectos de esta ley habría que poner al día?

R. Es clave regular de forma clara la publicidad del proceso: no hay norma más controvertida e incumplida que la del secreto sumarial. También hay que aclarar aspectos como las medidas cautelares sobre todo para la búsqueda de los efectos obtenidos por la actividad delictiva y las limitaciones de derechos fundamentales, singularmente la intervención de las comunicaciones. Sigue siendo fundamental acotar temporalmente el proceso: no podemos permitir que la investigación sea un fin en sí misma, como a veces ocurre.

P. Una vieja reivindicación de los fiscales es ser los encargados de la investigación.

El cuestionamiento sistemático ha hecho mucho daño a la Justicia

R. Lo deseable es que esa capacidad para investigar del fiscal estuviese suficientemente contenida en la ley procesal, y que existiese una relación mucho más directa entre la policía judicial y la fiscalía. Se trata de investigar pensando desde el primer momento en el juicio, porque Cuando desencadenamos un proceso de investigación hay que empezar desde el primer momento a pensar en el juicio. Esto es algo que no debemos de olvidar porque luego todas las carencias de la instrucción acaban por impedir el auténtico esclarecimiento de los hechos y su eventual castigo. Y eso genera insatisfacción social. Otra cuestión fundamental es que las investigaciones se dirijan a lo realmente importante: es absolutamente ilógico que un juzgado de instrucción de una localidad de la Costa del Sol tenga que dedicar centenares de horas de trabajo y la mayor parte de su tiempo a juicios de faltas y por la tarde, en sus horas libres, el juez se dedique a estudiar un informe policial sobre un delito gravísimo como la violación de una menor, una trama de blanqueo o una mafia.

P. ¿Cómo hace un fiscal para sustraerse a las presiones?

R. Yo personalmente no he sido presionado nunca ni desde fuera ni por ningún fiscal general del Estado en procesos que podían afectar a personalidades relevantes o públicas. Es la verdad, aunque habrá quien no lo crea. En cuanto a la presión ambiental, debemos distinguir bien entre una investigación criminal y el ruido en torno a ella. Ese ruido tarde o temprano acabará y entonces se queda el fiscal con sus carpetillas, con sus documentos y tendrá que ir a una sala de justicia a defender su postura. Ese es el momento que nos interesa

P. Pero sustraerse a esa presión no debe ser fácil.

Si hay algo que no nos resulta extraño a jueces y fiscales es la crisis

R. Ni tampoco imposible. La soledad y el silencio siguen siendo posibles en la sociedad de nuestro tiempo.

R. ¿Cuáles son las necesidades más acuciantes de la justicia en Andalucía?

P. Ambientalmente tenemos el problema del cuestionamiento sistemático, que ha hecho mucho daño a las instituciones judiciales y en especial a la Fiscalía General.Aceptamos por supuesto la crítica pero el cuestionamiento sistemático debería promover una reflexión Los mismos fiscales que podían ser acusados de sicarios del poder hace seis meses ahora son personas conformes y rigurosas con el control de la legalidad. Esto es un atentado contra la inteligencia. En mi vida profesional he tenido que sostener acusaciones contra grupos y personas de signo político completamente dispar y eso nunca me ha supuesto ningún problema. Sí me han insultado, sí me han descalificado públicamente, sí me han injuriado, sí me han calumniado —en algún caso ha habido proceso judicial—.

El uso correcto del lenguaje en los tribunales debería ser cuestión de Estado

P. ¿Y en el aspecto material?

R. Las carencias tanto de personal como de espacio o tecnológicas son tan numerosas que resulta muy difícil responder. Son tan continuas y numerosas que he llegado a hablar de la asombrosa lealtad de las carencias. Pero sobre todo falta un criterio racional en el gasto. Por ejemplo, no es normal que en Sevilla los fiscales trabajen en cinco o seis sedes. En algunos casos se ha corregido, como los depósitos judiciales de vehículos, que eran un despropósito.

P. ¿Temen que sus peticiones históricas queden relegadas por la crisis económica?

R. Si hay algo que no nos resulta extraño a nosotros es la crisis. Aprendimos a ser austeros desde que entramos en la Administración de Justicia. De hecho, la austeridad, que debería ser un principio fundamental, es una condición muy agradable que permite dedicar mucho más tiempo al trabajo. Además, no todo es una cuestión presupuestaria: despenalizar las faltas permitiría ahorrar el dinero que cuesta atender estos señalamientos. Mucho mejor que crear órganos judiciales nuevos que se saturan misteriosamente en seis meses sería disminuir su carga de trabajo.

P. El caso Marta del Castillo ha sido la última de una larga serie de resoluciones judiciales que ha generado incomprensión. ¿Es un problema de comunicación?

R. Sobre el caso en concreto debo ser cauto porque la sentencia está recurrida y no es firme. Un periodista histórico de tribunales, Bonifacio de la Cuadra, hablaba de la "desesperanza pasiva de los tribunales" que entienden que sus resoluciones no son comprendidas por los ciudadanos. Eso me lleva al tema de la modernización del lenguaje jurídico. Se habla ya de un nuevo derecho a comprender. Eso obliga a cambiar el paradigma del jurista, que no tiene por qué ser una persona que escriba de forma oscura y que desconozca casi por completo las reglas de la filología. La justicia de nuestro tiempo es la que puede ser entendida por los ciudadanos, y eso no está reñido con el rigor, sino al contrario. La oscuridad del lenguaje es mayor cuanto mayor interés material hay. Un ciudadano debe poder leer con perfecta claridad un Plan General urbanístico, y si no puede hacerlo es porque el derecho urbanístico es oscuro, y si es oscuro es porque lo rodean grandes intereses materiales. Se tendrían que recuperar las humanidades en los estudios de Derecho. Estas recomendaciones, de la comisión de modernización del lenguaje jurídico tienen una importancia mucho mayor de lo que parecen. El uso correcto del lenguaje en los tribunales debería ser una cuestión de Estado.

P. El juicio del caso Malaya ha batido ya todos los récords de procesados y duración, ¿qué enseñanzas extrae de los macrojuicios?

R. Nos falta perspectiva y tiempo para analizarlos y tendremos que hacerlo en un futuro, sobre todo valorando las carencias procesales que hemos podido vislumbrar en su desarrollo. La verdad es que hay que valorar muy positivamente que se estén desarrollando esos juicios y que lo hagan con normalidad, porque no ha sido fácil ni mucho menos. Cuestión distinta es si en el futuro sería deseable tender a juicios más reducidos. Creo que aquí, citando a Ortega, se impone la realidad radical. A lo mejor es que no hay mas remedio que hacerlo de una forma tan extensa porque, si no, no podemos analizar el asunto en todas sus dimensiones.