Gallardón reformará el sistema de acceso al Poder Judicial

El nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer la reforma del sistema de nombramientos de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la de los requisitos para ser magistrado del Tribunal Constitucional nada más recibir la cartera de manos de su antecesor, Francisco Caamaño, en la ceremonia de traspaso de poderes.

El nuevo ministro se enfrenta a un departamento tradicionalmente anquilosado, de escaso presupuesto y en el que la "modernización de la Justicia" es la eterna apuesta de todos sus titulares. Gallardón siguió el ejemplo de sus predecesores y se comprometió también en esa "apasionante tarea", para acabar de una vez con el "desfase" existente entre la Justicia y otras áreas de la gestión pública y proyectar la imagen de un país "eficaz, riguroso y avanzado". Para ello, apeló a su "espíritu rebelde" que, dijo, "siempre he reivindicado".

El ministro abarrotó tres salones del Palacio de Parcén, en el que se celebran las ceremonias de gala del ministerio, de un público heterogéneo pero con escasa representación institucional de la Judicatura. La convocatoria genérica realizada a través de la página web causó una notable desorientación e hizo que no asistieran, por falta de invitación expresa, representantes de la Audiencia Nacional y apenas alguno del Tribunal Supremo, como el presidente de la Sala Civil, Juan Antonio Xiol.

Sobresalieron los exministros de Justicia expresamente invitados, como Margarita Mariscal de Gante, Ángel Acebes y José María Michavila, además del socialista Enrique Múgica. Pero de los 21 consejeros del Poder Judicial solo asistieron cuatro, encabezados por el vicepresidente Fernando de Rosa. Por parte de los populares, Gallardón estuvo apoyado por el presidente del Senado, Pío García Escudero, y la nueva ministra de Sanidad, Ana Mato, entre otros.

En línea con el discurso de Mariano Rajoy, Gallardón aseguró que frente a "la superabundancia de normas" prefiere "el cumplimiento efectivo de las que existen". Y entre las que anunció, la reforma del sistema de elección de vocales del Poder Judicial suscitó de inmediato la satisfacción de las asociaciones judiciales conservadoras, que la vienen reivindicando desde el cambio al actual sistema, en 1985.

Simplificar los procedimientos judiciales, llevar al ámbito civil el sistema de juicios rápidos y fomentar el arbitraje forman parte del guión habitual de asuntos pendientes, aunque llamó la atención el Estatuto de la Víctima, que Gallardón pretende elaborar para "recoger sus derechos" así como su "protección jurídica y asistencia social y psicológica".

El exregidor de Madrid tiene ante sí culminar la reforma de la oficina judicial y unificar los siete sistemas informáticos distintos que impiden el trabajo en red. Y entre las omisiones, dejó sin mencionar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, sobre todo, la introducción de la cadena perpetua revisable.