Más Estado y menos autonomía

España se ha constituido democráticamente de manera simultánea como un Estado políticamente descentralizado y como un Estado social de derecho. En el momento en que muere el general Franco, España era el país más centralista de toda Europa y la sociedad española tenía una distribución de la renta y una ausencia de protección social más parecida a la de las sociedades latinoamericanas que a la de las sociedades europeas. Con la Transición se iniciaría el camino del centralismo a la autonomía y el inicio de una política social, que ha conducido a que el Estado español sea un Estado políticamente muy descentralizado y con una red de protección social que, aunque todavía no puede equipararse a la de los países más desarrollados europeos, sí se asemeja a la de ellos.

Estado autonómico y Estado social. Estas fueron las dos grandes decisiones constituyentes, íntimamente vinculada la una con la otra en su desarrollo ulterior, ya que en la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas que se impuso en la interpretación de la Constitución con la aprobación de los estatutos de autonomía tras los pactos autonómicos de 1981 y 1992, sería a las comunidades autónomas a las que se atribuiría la gestión de los elementos definitorios del carácter social del Estado. España se ha convertido en un Estado social en buena medida como consecuencia del ejercicio del derecho a la autonomía por las nacionalidades y regiones que la integran.

Hasta hace un par de años, nadie había puesto en cuestión el éxito de esa doble decisión constituyente y de su desarrollo posterior. Desde hace un par de años, ocurre lo contrario. Lo que había sido considerado una operación de éxito, está empezando a ser considerado un fracaso.

Con la excepción de UPyD, no hay ningún partido que se atreva a decirlo así de manera abierta, aunque sí empieza a ponerse en circulación por algunos presidentes de comunidades autónomas el discurso de la devolución de competencias al Estado. Y cada vez es más intensa la campaña en los medios de comunicación conservadores de que hay que dar marcha atrás en el proceso de descentralización política del Estado. Más Estado y menos autonomía parece ser programa para el futuro.

Es el programa que ha sido aprobado esta misma semana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con el único voto en contra de Andalucía y al que se dará forma en los Presupuestos Generales del Estado que serán presentados tras las elecciones asturianas y andaluzas. La casi totalidad del ajuste va a recaer en las comunidades autónomas.

Ahora bien, este programa no hace retroceder exclusivamente el proceso de descentralización política, sino que supone inevitablemente un paso atrás en el Estado social. Y un paso atrás que va a tener continuidad como mínimo el año que viene, ya que si este año hay que pasar de un 8,5% de déficit al 5,8%, el año que viene hay que pasar de 5,8% al 3%. La decisión del Consejo de Política Fiscal y Financiera es, como mínimo, para los próximos dos años.

Se están revisando subrepticiamente las dos decisiones que han posibilitado que la sociedad española se constituyera políticamente como una sociedad democrática. Nada de esto se ha dicho en las campañas electorales de estos últimos años. Tampoco se está diciendo así en esta. A eso obedece la no presentación de los Presupuestos antes del 25 de este mes. Pero nadie debe llamarse a engaño. La operación de revisión está diseñada. El único obstáculo que puede interponerse en la misma, como escribía Enric Juliana el pasado domingo en La Vanguardia, es el resultado de las elecciones andaluzas.