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El TSJC pospone su decisión sobre el uso del castellano en las aulas catalanas

El pleno "no ha llegado a ninguna resolución sobre el recurso interpuesto por la Generalitat"

Todos los partidos (excepto PP y C's) hacen frente común para defender el catalán en la escuela

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha pospuesto hasta este jueves su decisión sobre si las escuelas catalanas están obligadas a incluir el castellano como lengua vehicular de la enseñanza. Según ha informado este miércoles el TSJC, el pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo, formado por 24 magistrados, "no ha llegado a ninguna resolución sobre el recurso interpuesto por la Generalitat".

Está previsto que el tribunal emita su fallo este jueves. Según ha explicado en declaraciones a los medios el abogado de Convivencia Cívica Catalana, Ángel Escolano, han citado este jueves a las once de la mañana a las partes implicadas en el contencioso y prevén que entonces se les comunique la decisión.

El tribunal debe fallar sobre el recurso interpuesto por la Generalitat en defensa de su modelo educativo, a raíz de la denuncia de tres familias que exigían que sus hijos pudieran ser escolarizadas en castellano. En diciembre de 2010, el Tribunal Supremo apoyaba la petición de estas familias y en septiembre de 2011 el TSJC daba a la Generalitat un plazo de dos meses para ejecutar la sentencia del alto tribunal.

El aplazamiento de la resolución del TSJC dejó plantados ayer a la consejera de Enseñanza, Irene Rigau y a los partidos catalanes defensores del modelo de inmersión lingüística (todos, excepto PP y Ciutadans), que habían convocado una reunión de urgencia para consensuar una posición ante el fallo judicial. Finalmente, Rigau compareció un par de minutos ante los medios para declinar hacer valoraciones y se limitó a terciar que "la lengua es un tema de país".

El encuentro reunió, además de la consejera, a los diputados Neus Munté (CiU), Daniel Font (PSC), Dolors Camats (ICV-EUiA), Anna Simó (ERC) y Uriel Bertran (Solidaritat). Todos los partidos coincidieron a calificar de “exitoso” el actual modelo de escuela catalana y solo Daniel Font se atrevió a acusar al Tribunal Supremo ni el TSJC de no tener competencias para modificar leyes aprobadas por el Parlament catalán. Posteriormente, Rigau mantuvo una entrevista con las entidades Omnium Cultural y Som Escola.