Álava y Gipuzkoa discrepan sobre el trato fiscal que merecen las empresas

Gipuzkoa abrió ayer formalmente el debate sobre la reforma “integral” del Impuesto sobre Sociedades —grava los beneficios de las empresas— con una propuesta de la Diputación gobernada por Bildu completamente rupturista, basada en la “simplificación” de la normativa tributaria y, sobre todo, la eliminación de la práctica totalidad de las deducciones, incentivos y beneficios fiscales que ahora se aplica a las compañías. Este planteamiento realizado en las Juntas Generales de Gipuzkoa por la diputada Helena Franco, que fue bien recibido por los socialistas, no es concordante con el que formuló el diputado general de Álava, Javier de Andrés, del PP, quien se mostró partidario de ofrece un mejor trato fiscal a las empresas que contribuyan a generar empleo.

La revisión del Impuesto sobre Sociedades figura entre las tareas clave en la agenda de las tres Haciendas forales para el presente ejercicio. El Legislativo guipuzcoano asistió ayer a la primera sesión de la ponencia que estudiará las modificaciones en este tributo. En su comparecencia, los responsables del fisco expusieron un estudio pormenorizado sobre las características del impuesto que afecta a las sociedades y adelantaron los cambios que propugna Bildu. A la reunión asistieron como oyentes José Miguel Ayerza y Patxi Sasigain, secretario general y director de Competitividad de la patronal Adegi, respectivamente.

De Andrés aboga por favorecer a las compañías que generan empleo

Como conclusión del análisis del impuesto, la directora de Política Fiscal, Itziar Miner, afirmó que la aportación de las empresas de Gipuzkoa a la recaudación es “muy pequeña” y que la presión fiscal es “menor” que en territorios colindantes. También señaló que la diferencia entre el tipo nominal del impuesto y el que realmente pagan las sociedades es “grande”. Por estas razones, la Hacienda guipuzcoana propone anular “la gran mayoría” de ventajas fiscales para que la tributación sea “más acorde a la renta obtenida”. Bildu es partidario de suprimir “en gran manera las posibilidades de ingeniería fiscal” y adecuar el impuesto “a la situación de falta de recursos públicos”.

Miner explicó que el Impuesto sobre Sociedades representa el 6,7% de la recaudación total, frente al 12% hace cinco años, y que los ingresos (243 millones en 2011) se sitúan en niveles del ejercicio 1998. Además, la presión fiscal es 11 puntos inferior a la del resto de España.

Para corregir esta situación, Bildu plantea abolir prácticamente todas las deducciones, revisar “a fondo” los regímenes especiales, incluido el de la Sociedades de Promoción de Empresas, y analizar el tratamiento que reciben las cooperativas, que “pagan menos” que el resto, aunque “hacen más inversiones”, según matizó Miner en su intervención.

La diputada Helena Franco abogó por un impuesto “más equitativo y flexible”, adaptado a la coyuntura económica, y con capacidad suficiente para sustentar los servicios públicos.

En cambio, el máximo mandatario alavés, De Andrés, opinó que una situación de crisis no es el momento para incrementar la presión fiscal sobre las empresas, sino de ofrecer apoyo a aquellas compañías “que generan empleo, investigan e innovan”, puesto que estas “serán las que tiren hacia la salida de la crisis”.

De su lado, el portavoz de la Diputación de Bizkaia, Juan María Aburto, advirtió de que no se puede estar “un día sí y otro también trasladando incertidumbre en materia fiscal” porque el sector económico y empresarial “necesita seguridad”.