Gamarra tacha de "trepa" a quien desveló las irregularidades en la ONG
Sustacha y Martínez recibieron casi medio millón de euros por su despido improcedente
![Sustacha, en primer término, y Martínez, durante el juicio de hoy.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/G2NIRDNB5HMERDVXNDXSDAWPYY.jpg?auth=f69035f4c2ef88c6e5fca7ae184ce41fac1d7f0f9e396b512b3c8b9083d6c13c&width=414)
El expresidente de Anesvad José Luis Gamarra ha tachado hoy de “trepa” al empleado que en 2005 le reveló las irregularidades cometidas por los entonces directores general y financiero de la ONG, José Miguel Sustacha y Francisco Martínez respectivamente. En la segunda jornada del juicio contra los tres responsables por supuesta apropiación de fondos de la organización no gubernamental, el principal acusado ha asegurado que quien le trasladó tal información le exigió a cambio su nombramiento como director financiero y que, ante la imposibilidad de esto último, le pidió 36 millones de pesetas para no hacer público lo sucedido.
Gamarra ha dado continuidad hoy a la declaración que no pudo terminar ayer en la Audiencia de Bizkaia. Ha vuelto a recalcar que “ni un solo euro” de Anesvad ha pasado a formar parte de su patrimonio personal. Al contrario, asegura que es la entidad la que aún no ha entregado los 3,4 millones de euros que permanecen en sus cuentas y que pertenecen, en realidad, a un proyecto solidario con el que colabora. “Eso se llama robar”, ha dicho. Además, ha admitido que se vio obligado a despedir a personal “de forma improcedente” para que la cuestión no se dirimiera en los tribunales y saltara a la opinión pública, con el consecuente perjuicio para la imagen de la entidad.
Junto al expresidente, también han aportado su testimonio hoy los otros dos acusados: Sustacha y Martínez. Ambos han reconocido de nuevo la apropiación indebida de fondos de la entidad que en su momento realizaron y confesaron, así como que han devuelto casi todo ese dinero. El primero, no obstante, ha revelado que recibió 360.000 euros por su despido improcedente, ya que sumaba casi 37 años de ejercicio en la ONG. En el caso de Martínez, con década y media, fueron 120.000. La Fiscalía pide seis años de prisión para cada uno de ellos.
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