La Audiencia reabre el caso del delegado de la Xunta en Ourense

La Audiencia Provincial de Ourense ha ordenado reabrir el caso contra el delegado territorial de la Xunta, Rogelio Martínez, por supuestos delitos en la concesión de fondos europeos a iniciativas empresariales a través de una asociación de desarrollo local presidida por él mismo. Un juez había archivado el caso ahora recurrido por el BNG y por una asociación ciudadana.

Los magistrados han estimado una apelación contra el auto del Juzgado de Instrucción de Ribadavia que había sobreseído la causa, al considerar que el delito de falsedad de certificaciones había prescrito y que no había indicios para encausar al superdelegado por malversación de caudales públicos. El requerimiento interpuesto contra esa decisión esgrime que el delito de falsificación de documento público o la participación de cargos públicos en las empresas beneficiadas no han prescrito. Y los magistrados dan la razón a los nacionalistas al asegurar que “no resulta procedente acordar el sobreseimiento” por falsedad documental. Y aseveran que “obran en la causa indicios suficientes para la continuación del procedimiento”.

Ayer, Martínez, quitó hierro a la reactivación de una causa por la que declaró como imputado en mayo de 2009. Insistió en que “no hay ninguna reapertura”. En su opinión, que la Audiencia acepte el recurso y tumbe el sobreseimiento significa que ordena “que termine el proceso”. Según el delegado territorial es “técnica procesal [que sin recurso no se habría producido] de una causa que lleva abierta ocho años y que podría estar terminada, pero parece que no”. Eso sí, reconoce que los magistrados mandan reabrir las investigaciones judiciales porque “no era el momento adecuado para liquidarlo”. Para Martínez no hay novedades en “la tipificación de delitos por parte de la fiscalía, ni por parte del juez”.

El ‘superdelegado’ asegura que “no hay ninguna reapertura”

Este caso comenzó a investigarse en 2006 tras una denuncia del BNG, pero los supuestos delitos —que consistían, entre otros, en “la construcción de instalaciones que ya existían” o en “certificación de obras nunca realizadas”— se habrían cometido entre 2001 y 2007. Es la segunda vez que la Audiencia ourensana ordena reabrir el caso: en 2008 fue paralizado a petición del abogado del delegado, que alegó prescripción. La Audiencia Nacional sentenció que Martínez certificó obras nunca realizadas para cobrar 54.000 euros de ayudas europeas para el grupo de acción local Ceivam que presidía.