La delegación del Gobierno perseguirá a los Consistorios sin la ‘rojigualda’

En los ayuntamientos catalanes debería ondear la bandera española. O así lo considera la Delegación del Gobierno en Cataluña. Y por eso se lo ha marcado como una “prioridad”, según explicó una portavoz del organismo. Su delegada, María de los Llanos de Luna, se ha propuesto que “se cumpla la ley”. “Hay una voluntad clara de vigilarlo”, admitió esa misma portavoz. Y atribuyó cierta laxitud en esta cuestión al anterior Ejecutivo socialista. “Ahora no se hará la vista gorda”, añadió.

Algunos mandos del Cuerpo Nacional de Policía han recibido llamadas instándoles a comprobar si en los municipios de su región luce la bandera rojigualda en la fachada, según fuentes policiales. “No hay ninguna instrucción, ni por escrito ni verbal”, rebatió esa misma portavoz. Aunque admitió que tanto Guardia Civil como Cuerpo Nacional de Policía “tienen que velar por el cumplimiento de la legalidad”, y eso incluye la ley de banderas.

En “pequeños comités” se ha comentado el interés especial de la delegación en este tema, añaden otras fuentes policiales. Los mandos se han dado por enterados de la nueva determinación del Gobierno del PP, aunque portavoces de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía niegan que exista una orden expresa, ni verbal ni escrita, de comprobar si la bandera española ondea en los consistorios catalanes.

El mensaje de la delegación de Gobierno ha quedado claro con el episodio de Sant Pol de Mar (Maresme). Llanos denunció al Ayuntamiento por un acto de “ultraje” al retirar simbólicamente en un acto público la bandera de España. Finalmente, el consistorio la repuso, pero unos días después, de madrugada, fue quemada. La delegada pidió explicaciones a la alcaldesa, Montserrat Garrido (CiU), y los Mossos investigan el incidente.

La delegación, sin embargo, todavía no sabe cómo proceder si un Ayuntamiento se niega a que ondee en su sede la bandera española. La Abogacía del Estado está estudiando cómo actuar en cada caso concreto, aseguró esa misma portavoz. Tampoco conoce la cifra de municipios que incumplen la ley, aunque sospecha que pueden ser bastantes. A través de sus concejales, también van recopilando información.

Además, De Luna está pidiendo a los Consistorios que envíen las actas aprobadas en los plenos municipales para “controlar iniciativas que no sean legales”. La delegación lamenta que ahora muchos municipios no lo hacen. Esos acuerdos pueden incluir la retirada de la bandera española, pero también la adhesión a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), por ejemplo.

A la AMI le preocupa la nueva actitud de la delegación. En el próximo comité ejecutivo del 19 de marzo está previsto que debatan qué postura tomar como asociación si les obligan a colgar la bandera en los ayuntamientos. En la actualidad, unos 300 municipios forman parte de la AMI, que preside el alcalde de Vic (Osona), Josep Maria Vila d’Abadal (CiU). En el consistorio no ondea la rojigualda. “Tenemos solo un asta, con la bandera de la ciudad”, explicó ayer una portavoz municipal.