Agua

A medida que se acerca el plazo para la presentación por parte de los Ayuntamientos del listado de las facturas impagadas crece el malestar de los alcaldes, incluidos muchos del PP, por lo insuficiente de esta medida para resolver definitivamente el problema de financiación de las entidades locales. Si bien consideran que esta iniciativa del Gobierno de Rajoy puede contribuir a aliviar la situación crítica en la que se encuentran muchos proveedores, temen, que, a la larga, pueda agravar aún más la pesada carga que ya soportan las arcas municipales si es que, finalmente, no se les concede un amplio periodo de carencia y de devolución de los créditos a los que se han de acoger para hacer frente a dichas obligaciones.

Se olvida, además, que quedarían por resolver las deudas de los municipios contraídas con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria que constituyen, tal vez, un problema aún mayor puesto que para su pago ven reducidos notablemente los flujos que reciben de la Participación de Ingresos del Estado (PIE). En definitiva, sigue sin resolverse el problema de fondo, denuncian, por lo que se requiere un gran pacto nacional para acometer, de una vez por todas, este asunto, tal y como lo reclama el presidente de la FAMP y alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), Francisco Toscano, del PSOE, quien recuerda, además, que un plan similar de Zapatero de ayuda a los Ayuntamientos a través del ICO tampoco dio en su día los resultados requeridos.

De modo que todo hace pensar que estamos ante una actuación puntual y no integral para resolver definitivamente la financiación de los Ayuntamientos, verdadera asignatura pendiente de nuestro sistema democrático. Es lo que hace que algunos apunten a salidas propias como ocurre con el de Jerez, gobernando por el PP, que ha decidido privatizar la gestión integral del agua al igual que pretende hacerlo, parcialmente, el de Madrid, también en manos de los populares. Pero puede que no estemos frente a iniciativas aisladas sino, más bien, ante un minucioso plan diseñado por los populares para inyectar, por medio de la enajenación de servicios municipales, dinero fresco en las instituciones locales.

Se trataría de un programa de privatizaciones que, en todo caso, resultaría incomodo desplegar plenamente ahora que arranca, esta semana, la campaña de las elecciones autonómicas. Claro que habrá que tener en cuenta que se presenta sumamente difícil articular al respecto un discurso mínimamente coherente ya que las principales fuerzas políticas han recurrido al sector privado cuando lo han considerado conveniente. Pero el asunto no deja de evidenciar que la figura de los alcaldes puede jugar un protagonismo destacado. Así lo ha entendido el PP, desafiando la normativa andaluza al colocarlos en las listas y así lo puede hacer ahora el PSOE, que podría emplear a sus ediles como eficaces arietes para arremeter contra la todopoderosa “marea azul” que parece imparable.