La Xunta trasladó pagos de 2011 a este año para controlar el déficit

El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo se ha ayudado de muchas herramientas para combatir el déficit y sacar la segunda mejor nota en disciplina presupuestaria entre las comunidades autónomas españolas. Una de ellas ha sido la de adelantar el cierre contable de cada ejercicio que ha estado en el poder, una táctica para dar con la puerta en las narices a las facturas de sus proveedores. Con respecto al ejercicio de 2008 —con el bipartito en el poder—, la orden de cierre de los presupuestos se ha adelantado en 50 días, del 18 de noviembre al 29 de septiembre. Eso quiere decir que a partir de determinadas fechas, la Xunta impide que los proveedores presenten sus gastos, trasladando los pagos al ejercicio posterior siempre y cuando las obligaciones estén reflejadas en los presupuestos.

Se salvan, lógicamente, compromisos como las nóminas, la farmacia hospitalaria, las recetas, la asistencia jurídica o las inversiones financiadas con fondos europeos. Las asociaciones de constructores están entre las más perjudicadas por este ingenio contable. “Desde junio hay facturas sin cobrar”, señala Eugenio Corral, gerente de la asociación de constructores de Lugo. Y no son precisamente pequeñas. “Además, el ejercicio se cerró en septiembre, no puede pasarse nada a la administración si no se ha declarado contraído el gasto”. Cree que la maniobra esconde “un problema de liquidez [de la Xunta] por los famosos 800 millones que dicen que les adeuda el Estado. Nos dijeron que el tema estaba encaminado”.

Alberto Núñez Feijóo aseguró esta semana que desde enero se han pagado 1.500 millones en facturas atrasadas, aunque la Consellería de Facenda insiste en que Galicia “paga antes que nadie a sus proveedores”, pese a las reestricciones presupuestarias “sin precedentes”. “Otras comunidades están mucho peor”, explican fuentes de la Xunta. También infinidad de ayuntamientos. Pero las empresas no quieren seguir esperando, sobre todo cuando se les viene encima el nuevo plan de cobros en las administraciones dictado desde el Gobierno central, que prioriza las quitas a la antigüedad de la deuda para desatascar los pagos.

El cierre de los presupuestos se ha adelantado 50 días en tres años

A José Antonio Martínez, de la asociación de constructores de Pontevedra, le consta que la Xunta tiene facturas pendientes “por lo menos hace seis meses”, de empresarios adheridos a su asociación, y califica el problema de “muy grave”. “Dicen que se trata de tensiones de tesorería, pero una empresa no puede decirle a sus proveedores que no les paga por tensiones de tesorería, eso no arregla nada. Se está alcanzando el objetivo del déficit a costa de trasladar el cumplimiento de las obligaciones de pago a ejercicios posteriores”, insiste, y recuerda que la caída de licitación de obra pública es “superior al 70%”. Pero las restricciones no son iguales para todos. La consellería de Infraestructuras acaba de solicitar la apertura del ejercicio económico de 2011 para pagar 340.000 euros a determinados medios de comunicación apelando a la “urgente e inaplazable necesidad” de cumplir con unos convenios para que varios periódicos publiquen noticias favorables de su departamento. “Es una alegría que se están permitiendo porque en comparación con lo que se le debe a las constructoras la cantidad es pequeña. Pero a vez supone un agravio comparativo para el sector”, admite molesto un empresario.

La conselleira de Facenda, Elena Muñoz, presumía ayer ante la secretaria de Estado de Presupuestos —su exjefa en la consellería, Marta Fernández Currás—, de que “si todas las comunidades autónomas controlasen el déficit como Galicia, este sería 33.000 millones de euros inferior en el periodo 2009-2011”. Al menos, teóricamente sí.